El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó este miércoles, a través de un comunicado, que el despacho recibió la solicitud formal de Colombia para la extradición de la ex directora del Departamento de Administración de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, investigada por participar en el caso de las escuchas ilegales contra opositores durante el gobierno del Álvaro Uribe.
La Cancillería panameña destaca en el texto que al igual que todas las solicitudes de extradición que recibe la nación centroamericana, procederán a analizar la documentación enviada para determinar la viabilidad de la misma, según lo establecido en la legislación nacional e internacional.
Adicionalmente investigarán las circunstancias y particularidades propias del caso en concordancia con la política de asilo que el Estado de Panamá ha desarrollado desde su fundación hace cerca de un siglo, con el que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de solicitud por delitos políticos.
La protección en otro país depende a la legislación de cada nación y a los convenios internacionales. Entre ellos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá reitera que a la señora María del Pilar Hurtado se le otorgó asilo territorial mediante decreto ejecutivo N° 301 del 19 de noviembre de 2010, bajo la administración del entonces Canciller, Juan Carlos Varela”, indica la misiva.
La cartera panameña de Exteriores señala en el comunicado que según el artículo IV de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial, la extradición no es procedente cuando se trate de personas que sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos.
Colombia solicitó formalmente la tarde del martes a Panamá la extradición de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, acusada de autorizar escuchas ilegales de las conversaciones telefónicas, popularmente conocidas como “chuzadas”, de opositores al Gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010), entre ellos periodistas y defensores de derechos humanos.
La petición formal de extradición se produce un mes después de que la fiscal general, Viviane Morales, solicitara a la Corte Suprema estudiar la extradición de Hurtado y, en su caso, instar al Gobierno a que adoptara esta decisión.
Hurtado, que ya fue destituida e inhabilitada durante 18 años, está acusada de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, como máxima responsable de las “chuzadas”.