Los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia que recientemente aprobaron la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación han sido amenazados por el grupo paramilitar Águilas Negras.
A través de un panfleto que llegó por correspondencia a la Corte, se amenaza a los cinco magistrados que firmaron el auto: Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Julio Andrés Ossa y Alberto Rojas Ríos.
El documento recoge que la organización paramilitar tiene a los jueces identificados, así como su hora de llegada y salida de la Corte, las matrículas de los vehículos que utilizan y sus domicilios y los de sus familiares.
«Ya saben lo que les espera», dice el texto, que agrega: «Los perseguiremos y los declaramos objetivo militar a ustedes y sus familiares, para que sientan el dolor que siente el pueblo colombiano y los prenatales de 6 meses», consta en la misiva, en la que se califica la decisión de la Corte como «maquiavélica», «criminal» y «salvaje» a lo largo de los doce puntos que incluye.
Además, tachan a los cinco magistrados de «perversos, depravados, asesinos, macabros, terroristas de prenatales» y sostienen que no representan a los «20 millones de votantes colombianos activos».
Recuerdan que la pena de muerte no está legalizada en el país «ni tan siquiera para el más peligroso criminal» y califican de «infanticidio» el aborto de «niños que no han cometido ningún delito».
El panfleto firmado por Águilas Negras dice que la Corte ya había tomado una decisión en 2006, cuando despenalizó tres supuestos, por lo que el aborto ya era cosa juzgada y responsabiliza a los jueces de incitar a la violencia: «En este país no funcionan las leyes sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado, ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia, y si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas».
Tras recibir la amenaza, la Corte Constitucional emitió un comunicado: «La Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso (…) Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública», dice el documento.
Así, la institución reflexiona que «deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho».