Durante años hemos insistido en la necesidad de valorar jurídicamente las estrategias contra Venezuela. En un primer plano, hemos acompañado la idea de que parte de lo que ocurre es que los nuevos esquemas de dominio requieren el fin del Estado-Nación como realidad así como generar el mayor nivel de caos posible en la sociedad. Para ello debemos recordar que uno de los elementos fundamentales de un Estado es su ordenamiento jurídico. Luego, tenemos que ver que toda la estrategia de pillaje viene sustentada en la creación de decisiones con apariencia de legalidad que permiten justificar transferencias de patrimonio y territorio, como lo vimos durante todo el año 2019, con la creación de personajes como Juan Guaidó y su “Procurador”.
Cuando lo vemos desde esta óptica observamos que hechos abominables como los que se pretendió que ocurrieran el 23 de febrero de 2019 fueron presentados como la respuesta a una decisión legítima de una autoridad nacional que pidió que penetraran su país y suspendió todos los protocolos de ingreso de personas y mercaderías a un territorio, lo que era una falacia, pues lo que se intentó en los puentes de la frontera colombo-venezolana se trataba de una agresión en los términos del Derecho Internacional.
Fue con el mismo esquema que, en líneas generales, se utilizó en la operación sobre Citgo presentada como el cumplimiento legítimo de una orden judicial dictada en un proceso justo para Venezuela donde habían participado agentes del Estado, aunque como ya lo describimos esto no fue más que una simulación para ejecutar el pillaje de un activo fundamental de nuestro Estado.
Si esto es posible, en buena parte, es por liquidez de los tiempos presentes, el manejo emocional y mediático de la política así como la creación de estructuras cada vez más injerencistas capaces de dar y borrar golpes de Estado, como vimos en el caso de Honduras y Bolivia, así como la certeza de nuestros adversarios de que mentir en temas relacionados con el Derecho es para ellos tan efectivo como inventar armas nucleares o masacres en las plazas públicas.
Estos hechos, en nuestra opinión, constituyen una jugada de lawfare que no entendemos tan solo como la judicialización del adversario sino como la utilización de mecanismos jurídicos o de simulaciones para obtener fines propios de la guerra, destruyendo la seguridad que otorga el Derecho así como intentando impactar las bases de la convivencia del país.
Un ejercicio de memoria nos llevaría a pensar el año 2019 como la aceleración de estas prácticas sobre Venezuela cuando se constituyó en la opinión pública una Presidencia paralela en Venezuela sin que existiera la causa para ello: no había falta absoluta en el poder, el Poder Ejecutivo en Venezuela no se puede transferir al Legislativo, no puede establecerse una Presidencia por la vía del consenso parlamentario y no puede dictarse un estatuto desde la Asamblea Nacional(AN) capaz de derogar ni condicionar la Constitución.
Si esto no nos bastase tenemos que nunca ocurrió una sesión parlamentaria sino una declaratoria en un acto de calle, con lo cual observamos que no hizo falta ni siquiera hacer una simulación creíble, pues bastaba con la declaración de un grupo de sujetos internacionales dispuestos a avalar el acto para pretender obtener una figura dotada de poder suficiente para actuar en el extranjero. Tras este hecho, ocurriría el dictado de una serie de papeles de la Asamblea Nacional que no tienen la forma ni el contenido de una ley, que no fueron publicados formalmente en el país y que advierten que están destinados a tener efectos en el extranjero.
Seguidos de algunas posturas especialmente álgidas como afirmar que un llamado a una invasión extranjera sería un acto constitucional, que la toma de los activos era un acto soberano o que podía negociarse, a cambio de apoyo, la entrega de parte del territorio. La encomienda no fue cumplida en Venezuela como estaba previsto y como observamos ocurrió en Bolivia donde la fuerza acompañó la mentira y la estrategia por ahora ha alcanzado sus propósitos entreguistas, racistas y restauradores.
En 2020, nosotros observamos cómo la oposición se dividió al desmarcase algunos sujetos que no se encuentran dentro de la operación para entregarle el destino nacional a los halcones imperialistas. Sin embargo, la fracción que sigue acompañando a Guaidó mantiene la estrategia mirando ahora nuevos objetivos: teleSUR y las telecomunicaciones, al tiempo que busca enredar los escenarios electorales que están previstos para el año en curso. CASO TELESUR La multinacional teleSUR es un canal de televisión fundado en Revolución.
Su importancia ha quedado probada en varios procesos difíciles para el continente, en especial, en los golpes de Estado, siendo definitiva para impedir que se imponga una sola línea editorial sobre lo que ocurre en el Sur. Fue señalada en el mes de enero 2020 que sería objeto de medidas que buscarían sacar del aire su contenido y entregar la señal para ser administrada, presuntamente desde Miami y servir a la línea de comunicación que desde la derecha se quiere imponer.
En esta decisión seguimos observando elementos de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Se pretende tomar decisiones ejecutivas desde la AN –ahora desde una fracción-, que persigue bienes que se encuentran en el extranjero –recordemos que teleSUR tiene varias sedes en el continente- y cuya eventual apropiación sería sustentada en un acto que se presentará como dictado por “la única autoridad legítima”. La jugada parece revelar la necesidad de congraciarse con los gobiernos neoliberales que se ven amenazados por un movimiento popular creciente que se cuenta y se reconoce en las pantallas de teleSUR .
El documento que anunciaba estas acciones así como la constitución de una comisión para este asunto fue declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actuando en Sala Constitucional. CASO CONATEL En estos mismos documentos fue mencionada la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel) que es una de las oficinas estatales más señaladas por la derecha desde que el Gobierno Nacional no renovó la concesión a RCTV.
La intención de modificarla para privatizar el espectro quedó evidenciada desde que en el año 2016 esta fuera una de las primeras leyes planteadas por la Asamblea Nacional y parece buscar mantener en la opinión pública nacional una idea que este sector autoproclamado se mantiene fiel a las banderas de la oposición histórica. Conatel es, según la ley que la rige, un instituto autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa de conformidad con las leyes. Por lo tanto, como en 2019 veíamos que la apropiación de Citgo por parte Crystallex era un pase de factura por la nacionalización de la minería, en este 2020 no podemos pensar que se hable de tomar Conatel o de “clonarlo” sin recordar ese capítulo. CASO MERLANO La aparición en Venezuela de la exsenadora colombiana Aída Merlano, quien se fugó de la cárcel en Colombia, colocó al gobierno de Iván Duque en una diatriba. Tras haber recibido a Guaidó como presidente se encontraba ante la necesidad de pedirle a las autoridades reales de Venezuela que, en virtud de los tratados de extradición vigentes entre los dos países, se envíe a la referida ciudadana colombiana de vuelta. Sin embargo, para hacerlo tenía dos dificultades.
La primera es que Colombia forma parte de los países que reconocen a Guaidó y promueven la salida del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que aprovecha la crisis venezolana para aprovecharse de la misma. La segunda es que en la hostilidad que el actual Gobierno de Colombia mantiene con Venezuela ha optado por no cooperar en materia de extradiciones que son actos de cortesía, colaboración y reciprocidad diplomática. En este punto es importante observar que Venezuela reclama la extradición de varios de sus ciudadanos que se encuentran demandados por la justicia nacional a Colombia, la cual, en especial en los últimos meses se ha negado a cooperar.
Por ello, la situación parece verse trancada en el nivel imaginario –por el reconocimiento a Guaidó- y por la falta de colaboración neogranadina con Caracas. Parecen ser estas las razones por las cuales Bogotá optó por pedirle la acción a Guaidó, quien no tiene control de ninguna institución del Estado venezolano. Esta decisión fue incluso corregida en Twitter por Luis Almagro pero nos permite ver cómo, para los asuntos reales de un Estado, esta estructura paralela es evidentemente inútil.
En este tema recordemos que Colombia no se ha limitado al reconocimiento de Guaidó sino que es la sede y domicilio de parte de la parainstitucionalidad conformada por una Fiscal depuesta y un falso Tribunal Supremo de Justicia, que podrían activarse para continuar la simulación. ¿UN NUEVO CNE? En enero de este año 2020, nuestra realidad se modificó y ahora incluye una Asamblea Nacional paralela a la Asamblea Nacional de oposición y en desacato, que arriba a su último año parlamentario. Desde el foro itinerante que reconoce a Guaidó y señala a quienes sesionan desde el Palacio Federal Legislativo como traidores, se adelanta un proceso de elección de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este proceso lo llevan fuera del Parlamento, sin realizar los trámites requeridos legalmente. Con ello, parece develarse una estrategia que busca ampliar el caos y conformar otra presunta duplicidad de autoridades en Venezuela. Una jugada que parece adelantar que en este año electoral veremos repetirse lo que ocurrió ante el llamado elecciones en 2017, cuando en vez de inscribirse a la Constituyente la oposición realizó un plebiscito sin base legal, procedimiento electoral, ni consecuencias en la realidad.
T/ Ana Cristina Bracho Vallarino
F/ Archivo CO
Caracas
Venezuela, ¡campeón antiimperialista! 
¿Por qué Venezuela es capaz de reunir exitosamente a cientos de importantes representantes de los principales partidos de izquierda y movimientos populares, femeninos, juveniles, de nuestra región y del mundo? Lo consigue con frecuencia pese a los obstáculos impuestos por el imperio yanqui, que presiona cancillerías para que no den visas y a aerolíneas para que no vendan boletos. Hace dos semanas Caracas congregó al Foro de Sao Paulo y un Encuentro Mundial contra el Imperialismo «por la vida, la soberanía y la paz». En mi opinión lo único que explica esa capacidad de convocatoria es su fuerza moral, su ejemplo de resistencia.
Y también la necesidad creada por la época en que vivimos. El asesinato de un general antiimperialista mueve multitudes en Medio Oriente e indigna a millones en el mundo. Venezuela derrotó en 2019 la más feroz de las arremetidas de Estados Unidos contra otra nación en el siglo XXI. La autoproclamación de Juan Guaidó en enero de ese año como presidente encargado era la señal para el inicio de la nueva ofensiva contra la Patria de Bolívar, de acuerdo con planes previamente aprobados por el Comando Sur de Estados Unidos, a su vez coordinados con los gobiernos más derechistas de la región y con el servil secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Estos planes se basan en el esquema de las llamadas guerras de Cuarta Generación, que comprende acciones en diversos campos, destacadamente masivas y prolongadas campañas de intoxicación mediática, guerra económica y acciones subversivas de distinta naturaleza, incluyendo el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y otras operaciones militares y paramilitares cuya ejecución es canalizada vía Colombia por el Comando Sur con la activa participación de Álvaro Uribe y del subpresidente Iván Duque. ¡Cómo se creyeron esos dos, Sebastián Piñera, Luis Almagro, Mike Pence, Elliott Abrams, Marco Rubio y, por supuesto, Donald Trump, que Guaidó tumbaba a Nicolás Maduro! El fulminado intento de golpe de Estado del 30 de abril también lo vieron venir como el final de la Revolución Bolivariana.
Ciertamente fue el momento más alto de la ofensiva, con presencia de Guaidó y su jefe político Leopoldo López, una acción aventurera e irresponsable que pudo haber costado numerosas vidas de no ser por el patriotismo y el profesionalismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en estrecha unión cívico-militar con el pueblo.
Ya para entonces el autoproclamado había comenzado a perder aceleradamente la capacidad de convocatoria mostrada en las primeras semanas del año. Hoy se ha apagado mucho más porque no ha cumplido una sola de sus promesas y está envuelto en un gigantesco escándalo. Por vínculos con narcoparamilitares, por el robo de fondos para «ayuda humanitaria» y de activos venezolanos. Lo más que puede reunir es unos pocos cientos de personas en zonas opositoras de Caracas, en contraste con la permanente iniciativa política de Maduro y la enorme capacidad de movilización de masas del chavismo.
Pero lo más dañino y criminal de esta larga cadena de agresiones es el ataque cotidiano, mediante la guerra económica, a las bases de la alimentación y el suministro de medicinas para el pueblo venezolano. Cuando se visita Venezuela y se observa la acción del Poder Popular, de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), puede uno darse cuenta cabalmente de la creatividad, la alta conciencia política y el heroísmo sin aspavientos del pueblo chavista. Pues por muy poderoso que sea el imperio, no ha sido capaz de apagar la llama de rebeldía de los venezolanos, ni de imaginar las soluciones que surgen a nivel de barrios para derrotar su guerra.
Subestimar a ese pueblo ha sido un grave error de Estados Unidos. Igual subestima a los otros pueblos latinoamericanos y caribeños que no están dispuestos a aceptar por más tiempo el insoportable e inmoral sistema de superexplotación del capitalismo neoliberal y su democracia elitista y antipopular. Quién imaginaba en 2019 que la pradera latinocaribeña iba a arder con la velocidad que lo está haciendo desde finales de ese año. Faltan liderazgos, proyectos, organización, pero eso se crea y a ello ayudan mucho reuniones como la de Caracas, porque permiten algo tan valioso e imprescindible como el intercambio de experiencias, la certeza de no estar solos y de que hay muchos otros que luchan. A propósito de eso le decía el presidente Maduro a los reunidos en Caracas que no debemos cohibirnos en darnos cita para organizarnos.
Pensé entonces en Fidel y en los intercambios que sobre la deuda externa y la amenaza del ALCA promovió en La Habana, encuentros sin los que uno no podría explicarse bien la gran ola antineoliberal latinocaribeña de los años 90 y hasta hoy. A lo que de veras temen Estados Unidos y las oligarquías es a eso, a que nos encontremos y organicemos. Culpan a Cuba y Venezuela para justificar más agresiones contra ellas pero saben que es su modelo neoliberal de muerte lo que ha hecho que Haití, Honduras, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, México, y los que sigan, se levanten para derribarlo, en las calles o en las urnas.