Con la puesta en marcha del cronograma electoral, el país avanza un poco más hacia el objetivo de devolverle a la Asamblea Nacional su carácter legislativo, en lugar del rol conspirativo para el cual ha sido utilizada en los últimos cuatro años y medio
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La apertura de inscripción en el Registro Electoral el lunes 13 del corriente tiene para el país una connotación que va mucho más allá, pues representa otro avance en el objetivo de rescatar para la Asamblea Nacional su rol fundamental como organismo legislador, en lugar de centro de la conspiración interna y externa para derrocar al presidente legítimo y constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, en el cual ha sido convertida en los últimos cuatro años y medio.
Ha sido una cuesta larga, empinada y repleta de obstáculos la que ha debido escalar la nación desde aquel domingo 6 de diciembre de 2015, cuando cabalgando sobre la promesa de “la última cola” la oposición obtuvo mayoría en el ente, hasta el punto de inflexión del 12 de junio pasado, fecha en la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la omisión legislativa tras los fallidos intentos de representantes del Gobierno y algunos sectores opositores, y procedió a designar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral.
La Constitución Nacional, en el numeral 7 del artículo 336, en el cual se establecen las atribuciones de la Sala Constitucional del TSJ sobre la materia, dictamina: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”.
El 4 de junio, la declaratoria de omisión legislativa había sido solicitada ante el TSJ por las organizaciones políticas Soluciones para Venezuela, Cambiemos, MAS, Avanzada Progresista y Copei.
El miércoles 10 de junio, la Sala, mediante la sentencia N° 0069-2020, había llamado al envío por el Comité de Postulaciones Electorales de una lista con los preseleccionados en plazo no mayor a 72 horas.
En este contexto, la máxima instancia jurídica del país procedió a designar a Indira Maira Alfonzo Izaguirre como rectora principal y presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez Melean como rector principal y vicepresidente, Tania D’Amelio Cardiet, ratificada, Gladys María Gutiérrez Alvarado y José Luis Gutiérrez Parra como rectoras y rector principales.
De esos cinco nombres, uno resaltó de manera especial, el de José Luis Gutiérrez Parra, por ser hermano del entonces secretario de organización de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, quien luego pasaría a ser el presidente de dicho partido mediante otra sentencia del TSJ, con lo cual se quebraba la postura del dictador blanco, Henry Ramos Allup, eterno secretario general de la tolda adeca, de no participar en procesos electorales, plegado como está a las salidas violentas propiciadas por el extremismo liderado por Leopoldo López en las sombras y el autorproclamado como figura visible.
Días más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente, para garantizar la mayor participación de organizaciones políticas y el pueblo en general en el proceso, aprobó la “desaplicación” del Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales, publicado en la Gaceta Oficial 41.308 del 27 de diciembre de 2017, que facilita la inscripción de los aspirantes a integrar el Parlamento en el período 2021-2025.
El decreto constituyente mencionado establecía como condición a las organizaciones políticas haber participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior, además de cumplir con los demás requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, y de no ser así estarían obligadas a someterse al proceso de renovación contemplado en el mismo instrumento legal.
Luego de ser juramentada por el máximo tribunal del país y declararse en sesión permanente, las rectoras y rectores del CNE anunciaron al mundo el primero de julio su decisión por unanimidad de convocar a elecciones parlamentarias para el domingo 6 de diciembre venidero, coincidencialmente la misma fecha en la cual, cinco años atrás, se inició uno de los períodos más oscuros de los cuerpos legislativos venezolanos en toda la historia.
Las bases para reafirmar la paz, mantenida en este período a duras penas y enfrentando incontables intentos por incendiar al país, desatar una guerra civil y propiciar una intervención militar extranjeras, estaban echadas.
Nueva Asamblea Nacional
Tan pronto conocerse la fecha fijada por el CNE para las elecciones legislativas, el mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, aplaudió la decisión. “A prepararse para votar masivamente este 6 de diciembre, por Venezuela, porque Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional, legítima, constitucional”, soltó ese mismo 1 de julio.
Sujeto de incontables conspiraciones urdidas en ese organismo siguiendo directrices de los genocidas de Washington desde que se instalaran para el período ahora próximo a culminar, Maduro apuntó: “Tenemos un mandato de la Constitución, la Constitución nos obliga a hacer estas elecciones. Viene una nueva Asamblea Nacional que nace del voto popular”.
Previamente, antes de ser fijada la fecha por las autoridades del máximo ente comicial del país, durante el acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo, había dicho en el Palacio de Miraflores: “Ha llegado la hora del cambio del Poder Legislativo (…) Estoy seguro que, apenas el CNE convoque la fecha, el pueblo va a salir a votar por una nueva Asamblea Nacional, por un nuevo Parlamento, por un gran cambio”.
En el mismo acto, garantizó que para el día fijado se contará “con la mayor cantidad de observadores nacionales e internacionales”, y aseguró que “el 5 de enero de 2021, se va a imponer un esfuerzo político para reconstruir el Parlamento nacional”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, expresó ese mismo día, en su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión: “Nosotros hemos trabajado para eso, para prepararnos para unas elecciones, pero también para hacer una revolución”,
Cabello hizo un llamado a quienes están en contra del Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros: “Señor opositor, señora opositora, esta es la oportunidad que tienen, si según ustedes son mayoría”.
Aprovechó, igualmente, para advertir que el PSUV respetará los resultados, cualesquiera que sean, pero “lo que no podemos reconocer es que los Estados Unidos nombren un mamarracho, un bobolongo de presidente de Venezuela. Eso no lo vamos a reconocer, tampoco podemos reconocer que la Unión Europea crea que tiene derecho a sancionar a venezolanos”.
Decisión acertada
Poco después de abandonar el cargo que ocupara desde 2013, la ahora exrectora principal del CNE, Sandra Oblitas, en una entrevista con el colega Clodovaldo Hernández, publicada en el portal La Iguana TV el 24 de junio, aseguró: “Si bien fue una decisión del TSJ, es producto también de la disposición política de atender una necesidad existente en el país y, en ese sentido, es una decisión acertada, correcta, favorable y patriótica”.
En la misma entrevista, Oblitas expresó: “El país todo tiene la convicción de que los procesos electorales tienen un blindaje de garantía que ha permitido que, más allá de las vocerías mediáticas y los posicionamientos políticos que han permitido cuestionarlo, es un sistema electoral que le pertenece al pueblo de Venezuela. A partir de allí es que van a construir y se van a configurar los venideros procesos electorales”.
Oposición dispuesta
Como era de esperarse, los sectores extremistas de la oposición, incluyendo por supuesto al títere designado por la Casa Blanca para autoproclamarse en una plaza pública, no tardaron en rechazar la designación de las rectoras y los rectores del CNE hecha por el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, otro sector, despreciado, minimizado por los sicarios mediáticos, pero con un alto peso y valor entre la militancia más allá del autodenominado G-4, saludó como positivo el paso dado por la principal instancia jurídica del país y el llamado a comicios.
Timoteo Zambrano, dirigente del partido Cambiemos, con activa participación en la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno Nacional, el 2 de julio calificó la convocatoria del CNE como “un gran triunfo” y adicionó: “Es el corolario de una larga negociación, establecido en los acuerdos del 16 de septiembre en la Mesa de Diálogo Nacional. Recorrimos todos los pasos para que se hiciera en la Asamblea, lamentablemente allí no quisieron, no hubo voluntad política. Al final asumimos la responsabilidad de darle a Venezuela un proceso electoral con las mayores garantías posibles”.
Otro de los voceros más ponderados de la oposición democrática, Claudio Fermín, del partido Soluciones para Venezuela, en una entrevista concedida al canal Globovisión el jueves 25 de junio sostuvo: “Urge una nueva Asamblea Nacional para quienes creemos en la división de poderes y en el equilibrio (…), será una columna para normalizar la institucionalidad del país y recuperar el campo político (…) porque el económico está destruido”, y calificó como “sumamente pobre” el desempeño de los integrantes de ese cuerpo legislativo durante este período, porque a su juicio fueron “cinco años perdidos y ninguna ley aprobada para beneficio de los venezolanos”.
Por su parte, el presidente de la junta directiva de la AN reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, Luis Parra, en declaraciones dadas a los medios el 11 de julio estimó: “Es válido que todos tengamos reservas por todo lo que hemos estado transitando en el país, pero también es válido que entendamos que la única manera de hacer retroceder esas pretensiones e intenciones que han ocurrido es que nosotros nos plantemos firmes en una sola posición que es el respeto a la Constitución”.
Parra, añadió en esa oportunidad: “Quienes hoy acompañan la tesis de la abstención, por qué promueven esa acción, si realmente en el fondo lo que los motiva es la esperanza del cambio en el país”.
Camino conspirativo
Tal vez la primera señal de lo que ocurriría en el presente período legislativo la dio el dictador blanco, hoy en plena decadencia y sin el control de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, apenas horas después de oficializarse los resultados de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición se alzó con la mayoría de los escaños del Parlamento.
En una tarima frente a sus seguidores, en un grotesco gesto, apuntó sus pulgares hacia sus genitales. Semanas después, ya como presidente de la AN, hizo otra de tantas promesas incumplidas a lo largo de su nefasta trayectoria política: “En seis meses sacaremos a Maduro de la Presidencia”.
Marcaba así el inicio del período para un ente legislador, declarado luego en desacato por el TSJ, en el cual se han dedicado exclusivamente a transitar los caminos conspirativos.
Desde allí, no solamente han respaldado, sino incluso solicitado, las ilegales medidas coercitivas impuestas por los genocidas de Washington y sus lacayos en contra del pueblo venezolano; sus integrantes han tomado parte de manera frontal en acciones violentas como la de la llamada “Salida”, que en 2017 dejó innumerables víctimas, decenas de fallecidos, incluso personas quemadas vivas, e incuantificables pérdidas materiales.
El 6 de agosto de 2018, al menos dos de sus representantes, Julio Borges y Juan Requesens, estuvieron involucrados en el atentado con explosivos en contra del presidente Nicolás Maduro Moros y todo el alto mando político y militar del país en un acto en la avenida Bolívar.
En 2019, siguiendo las instrucciones de sus amos imperiales, aumentaron sustancialmente la apuesta al proclamar como “presidente interino” en una plaza pública a un ilustre desconocido, pasándole por encima a la Constitución Nacional, la cual en realidad muy pocas veces han respetado.
Con esa “figura” han coleccionado innumerables fracasos intentando derrocar al Gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, pasando por “la batalla de los puentes” del 23 de febrero, el ataque terrorista al Sistema Eléctrico Nacional del 7 de marzo y días subsiguientes, el golpe del 30 de abril e incontables intentos fallidos más, hasta la Operación Gedeón del 3 de mayo pasado.
Es esa mancha la que está obligada a superar la nueva Asamblea Nacional que el pueblo venezolano elegirá el próximo 6 de diciembre, exactamente cinco años después de un retroceso histórico.