La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy una resolución que rechaza de forma enérgica las críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la Ley de Comunicación vigente en el país suramericano desde el año pasado.
El texto recibió el respaldo de 91 de los 117 legisladores que asistieron al debate en el pleno del Parlamento unicameral, mientras que 24 votaron en cuatro, uno se abstuvo y otro votó en blanco.
La SIP exigió la semana pasada a Ecuador derogar la Ley de Comunicación, porque en su opinión, esa legislación restringe la libertad de expresión en el país suramericano.
La organización que reúne a empresarios y editores de más de un millar de periódicos de Estados Unidos, Canadá y América Latina, también acusó al gobierno que encabeza el presidente Rafael Correa de utilizar su poder para manipular las decisiones de otros poderes del Estado.
Durante el debate, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, calificó de impertinente la solicitud de la SIP, y aseveró que la libertad de expresión está secuestrada por el mercado.
No vamos a permitir la impertinencia de pedir la derogación de una Ley de Comunicación. Ninguna transnacional de la información dicta la agenda a este poder Legislativo y no podemos permitir sentar un precedente de este tipo en el continente, afirmó la líder parlamentaria ecuatoriana.
Rivadeneira recordó que esa entidad con sede en Miami, Estados Unidos, no representa a los periodistas, sino a los patronos y a los monopolios mediáticos.
También resaltó que la SIP siempre ha estado presente en los intentos de desestabilización contra los gobiernos progresistas del continente, y citó los casos de Bolivia y Venezuela.
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional llama además al pueblo del país suramericano y a los gobiernos de América Latina a unirse para enfrentar todo acto violatorio de las normas y principios que rigen el Derecho Internacional y que atente contra la soberanía y autodeterminación de los Estados.
Propone también al resto de la región crear una veeduría interparlamentaria, a fin de preservar los derechos de los ciudadanos a recibir información no manipulada sobre los procesos democráticos que enfrentan los distintos países.
Según se informó, el contenido de la resolución será notificado a los parlamentos Latinoamericanos, Andino y Europeo.