La Asamblea Nacional francesa aprobó una discutida y restrictiva ley de inmigración, que tuvo los votos de la ultraderecha, en una votación que amenazó con generar una crisis política en el gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Tras 18 meses de negociaciones en torno del proyecto de ley, la cámara baja del Parlamento sacó adelante el texto con 349 votos a favor y 186 en contra. Los partidos Los Republicanos (LR, derecha) y Agrupación Nacional (RN, ultraderecha) secundaron el texto que el Senado había votado previamente.
La elección sumió a la mayoría presidencial, compuesta por varias formaciones, además del partido Renaissance del presidente Macron, en una crisis, debido a que 59 de sus 251 diputados no votaron a favor del texto: 27 decidieron hacerlo en contra y 32 se abstuvieron.
Un elemento clave de la ley es que las subvenciones sociales para extranjeros no comunitarios, es decir que no son ciudadanos de la Unión Europea (UE), estarán condicionadas a partir de ahora a una presencia mínima de cinco años en el territorio, o de 30 meses en el caso de que la persona tenga trabajo. También se podrán acordar cuotas migratorias y se incluyen medidas para que los condenados por homicidio con doble nacionalidad puedan ser despojados de la ciudadanía francesa.
Implosión gubernamental
El texto generó polémica en el Gobierno y llevó al ministro de Salud, Aurélien Rousseau, a entregar una carta de renuncia a la primera ministra, Élisabeth Borne, según confió una fuente ministerial a la agencia de noticias AFP. Sin embargo, Borne aseguró este miércoles que Macron no recibió la dimisión. Al igual que Rousseau, varios ministros reacios al proyecto de ley, como Clément Beaune (Transportes) o Sylvie Retailleau (Educación superior), fueron recibidos por ella, según varias fuentes gubernamentales.
Ante la brecha abierta en su propio campo, Borne denunció en una entrevista radial una «burda maniobra» de la ultraderecha para causar divisiones, al tiempo que negó que haya una crisis en la mayoría presidencial. «Tengo la sensación de que cumplimos con nuestro deber sacando adelante una ley que respeta nuestros valores», indicó.
No obstante, admitió que el texto, muy cuestionado por la izquierda y por ONGs, incluye algunas medidas que podrían ser anticonstitucionales y consideró que la ley probablemente evolucionará tras ser examinada por el Consejo Constitucional. «Con esta ley el Gobierno busca alejar lo más rápida y eficazmente a quienes no tienen derecho de estar en Francia e integrar mejor a quienes elijamos acoger en el territorio», agregó.
Reformas de la UE
Mientras tanto, la UE también acordó una reforma del sistema migratorio que prevé controles más estrictos en la llegada de migrantes a la UE, luego de años de negociaciones y una tensa sesión de la Eurocámara. «Se ha alcanzado un acuerdo político en los cinco expedientes del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE», escribió en la red social X la presidencia rotatoria española de la UE. «Acojo con satisfacción el histórico acuerdo sobre el Pacto sobre Migración y Asilo Felicitaciones al Parlamento Europeo y al Consejo por acordar esta propuesta histórica de este mandato», expresó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «La migración es un desafío europeo común: la decisión de hoy nos permitirá gestionarla juntos», añadió.
El acuerdo político alcanzado debe aún ser aprobado formalmente por el Consejo, es decir el foro de los 27 Estados miembros, y el Parlamento Europeo. El objetivo es que los textos del acuerdo se aprueben definitivamente antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
La letra chica de los cambios
La reforma acordada en Bruselas conserva la actual regla, en virtud de la cual el país de entrada en la UE de un solicitante de asilo es responsable de su expediente. Sin embargo, y para ayudar a países mediterráneos como Italia, España y Grecia –donde llegan miles de migrantes– ahora se va a instaurar un sistema de solidaridad obligatoria en caso de fuerte presión. Esto significa que los demás Estados miembros de la UE deben contribuir a aliviar dicha presión, o bien recibiendo a algunos solicitantes de asilo –una figura conocida como relocalización–, o bien aportando apoyo financiero.
La reforma prevé también un sistema de filtrado de los migrantes a su llegada al territorio de la UE, y un procedimiento en la frontera para aquellos que estadísticamente tengan menos posibilidades de obtener asilo. Estos serán retenidos en centros, desde donde podrán ser expulsados más rápidamente a sus países de origen o tránsito. El procedimiento se aplicará a los ciudadanos de países para los que la tasa de reconocimiento del estatus de refugiado sea inferior al 20%, atendiendo a la media de la UE.
La UE experimentó este año un aumento de las llegadas de migrantes irregulares y de solicitudes de asilo. En los 11 primeros meses de 2023, la agencia Frontex reportó más de 355.000 pasos por las fronteras exteriores de la UE, es decir un incremento del 17%. Los pedidos de asilo podrían superar el millón de aquí a fin de año, según la agencia de la UE para el asilo (EUAA).