Hoy se cumplen cien años del nacimiento del general Marcos Pérez Jiménez, último dictador militar de nuestra historia –antes del brevísimo Pedro Carmona Estanga– quien desde 1948 integró la Junta de Gobierno que depuso a Rómulo Gallegos y en 1952 asumió directamente el control del país hasta 1958. Su gobierno expresó la alianza de intereses entre los grandes sectores importadores y la institución armada del país, bajo las directrices geopolíticas diseñadas por el gobierno de Harry Truman para América Latina.
Dichas directrices se ajustaban a los requerimientos de las transnacionales petroleras, temerosas por aquellos días de que cualquier movilización popular alterase la estabilidad que mostraba Venezuela como fuente segura para el suministro exclusivo de hidrocarburos a Estados Unidos.
¿VIGENCIA DEL CAUDILLISMO?
Cierta visión de la historia republicana vincula el drama del atraso y las dictaduras militares en los países de Nuestra América, no a las causas estructurales de una economía agraria subordinada a los circuitos del comercio mundial del cacao, el café y el cuero de ganado, sino a las ambiciones personalistas de algunos afortunados conductores de tropa como José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo o Juan Vicente Gómez.
Tal enfoque obvia aspectos sustantivos del análisis, como es la articulación que se estableció a lo largo de la Venezuela agraria entre las casas importadoras del país, los terratenientes y los generales victoriosos de nuestras guerras civiles. Para el siglo veinte, este modelo de ejercicio del poder requirió de una nueva legitimación. Así, Laureano Vallenilla Lanz y César Zumeta, entre otros, formularon el discurso del Gendarme Necesario, legitimador del régimen que desconoce la voluntad popular o que se niega a convocar elecciones.
Y es dentro de ese cuadro, en el que se inscribe la actuación histórica del general Marcos Pérez Jiménez, quien organiza, en alianza con Rómulo Betancourt, líder de Acción Democrática, dirige el Golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de aquel año. Fue designado Jefe de Estado Mayor del Ejército y luego ministro de Defensa. Así, su control personal sobre la FAN resultaba indiscutible. Y luego, el Golpe de Estado del 2 de diciembre de 1952, lo consagra como jefe indiscutible del país.
EL “BIENESTAR CON PEINILLA”
La consigna de su gobierno “Cambiar el entorno físico para cambiar el país”, le sirvió de coartada para justificar su incursión en trapacerías administrativas que le permitieron transcurrir las últimas cuatro décadas de su vida en exilio, con condiciones de gran potentado, sin aclarar nunca el origen de su mansión en una exclusiva zona de Madrid.
Entendía el gobernante tachirense que las deficiencias estructurales de su mandato en el orden político y falta de democracia, se compensaban al compararlas con los kilómetros de autopistas, el número de edificios construidos y la cantidad de vehículos automotores que empresas importadoras vendían para hacer circular por las carreteras del país. Obras que no ocultaban la práctica de torturas y asesinatos por la Seguridad Nacional en contra de opositores como Leonardo Ruiz Pineda y Wilfrido Omaña; ni las tasas de analfabetismo, ni la negativa a someterse a elecciones directas y respetar la voluntad del pueblo, ni la adscripción de la diplomacia del país a la geopolítica del Departamento de Estado de Estadios Unidos.
FAN Y GUERRA FRÍA
Pérez Jiménez, quien constantemente afirmaba gobernar “en nombre de las Fuerzas Armadas” no logró resolver la fractura profunda de la institución castrense en torno a su figura. Desde comienzos de su mandato se produjeron conatos y tentativas antidictatoriales, como la acción de Boca de Río de 1952. El descontento de la oficialidad patriótica de la época se expresó en la trama conspirativa de como Wilfrido Omaña, Hugo Trejo, José María Castro León, Martín Parada, Manuel Ponte Rodríguez y Victor Hugo Morales entre otros. Dicho descontento estallaría de modo sorprendente y coordinado en enero de 1958, cuando en conjunción con las fuerzas civiles comandadas por la Junta Patriótica, sería depuesto el último dictador militar de la historia republicana de Venezuela.