La vacancia es un mecanismo constitucional que existe en el Perú que permite, palabras más palabras menos, que el Congreso destituya al presidente por faltas graves
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“Ya no hay nada más que esperar de esta clase política que está podrida. Solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente. #VacarlosATodos”, este es el menaje divulgado por la lideresa de la izquierda peruana Verónika Mendoza por la reciente destitución de Martín Vizcarra mediante el mecanismo constitucional llamado “vacancia”.
“En democracia somos los ciudadanos los que debemos elegir a través del voto a los gobernantes, no unos congresistas que solo buscan inmunidad y perpetuarse en el poder, ajenos a la crisis sanitaria y económica que golpea a la gente”, prosiguió Mendoza.
¿Vacarlos a todos? Los señalamientos de Veronika Mendoza no significan un respaldo a las políticas de Vizcarra, son la expresión de la profunda fractura política existente en Perú. Son señalamientos que denuncian que el modelo político del país se encuentra agotado.
Es por ello que la principal propuesta de Mendoza como candidata presidencial para los comicios que deberán celebrarse en abril del próximo año es conducir al Perú a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente originaria, que transforme al Estado y cambie sus desgastadas bases.
Tres presidentes en cinco años
Aunque Perú no ha logrado superar el récord regional de Argentina de c prncoesidentes en una semana, su marca de tres presidentes en cinco años debe estar entre las más sorprendentes en nuestra América Latina.
Recordemos que la historia comenzó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien se fue luego de superar una primera moción de vacancia y al ver que la segunda moción prosperaría decidió abandonar el barco. Vizcarra era su vicepresidente y por tanto asumió en 2017 la Presidencia peruana.
A Kuczynski, un político y empresario conservador que quizás nunca debió ser presidente del país, ya que además tenía la nacionalidad estadounidense, un hecho que podía ser incompatible con su misma postulación, se le iba a destituir por “incapacidad moral”.
Sobre Kuczynski pesó la revelación de testimonios de la empresa brasileña Odebrecht que confirmaron varios pagos a empresas del Mandatario cuando ejerció como ministro del prófugo Toledo, quien precisamente es acusado de recibir pagos de la nombrada empresa.
La constructora brasileña realizó un pago de 782 mil dólares a nombre de Westfield Capital, una empresa de asesoría financiera de la que Kuczynski es el único accionista. Otra empresa de la que el Mandatario es socio, First Capital, recibió de Odebrecht un monto de 4.000.043 dólares.
Por el mismo motivo de incapacidad moral sale de la Presidencia Vizcarra, casi tres años después y con una votación abrumadora de los congresistas.
No hay que olvidar que el récord delos más recientes mandatarios peruanos refleja de forma vehemente la descomposición política de la que hablábamos al inicio de este texto.
En Perú la prisión ha signado el destino de varios de sus expresidentes. Ollanta Humala estuvo en prisión por hechos de corrupción. Alejandro Toledo fue detenido en 2019 por mandato de extradición al Perú, y en marzo de 2020 se le concedió la libertad bajo fianza.
El exdictador Alberto Fujimori también se encuentra en prisión domiciliaria por ilícitos bajo su mandato y Alan García se suicidó luego de que una investigación sobre irregularidades en su mandato lo llevara también a un pena firme de prisión.
Se trata entonces del cuestionamiento general, con escasas excepciones, a quienes han gobernado el Perú en los últimos 35 años. Involucran a casi todo el arco político peruano, incluso a sectores de la centroizquierda, como los que estuvieron detrás de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Perú vive una permanente agonía política de su dirigencia. La derecha se ha vestido con diversas máscaras para repartirse el botín en las últimas cuatro décadas, pero ninguno ha escapado de la fatalidad de que les alcance tapar todas las bocas e intereses. La corrupción es un signo común, así como el chantaje, el uso discrecional de los poderes públicos e incluso de las Fuerzas Armadas.
La trampa de Vizcarra
Algunos medios de prensa en Perú y sectores políticos han calificado la destitución parlamentaria de Vizcarra como un “golpe de Estado”.
“Tras el golpe de Estado y destitución de Martín Vizcarra Cornejo, el titular del Congreso asumió el cargo. La moción de vacancia fue aprobada con el voto a favor de 105 parlamentarios”, dice por ejemplo el diario La República en uno de sus sumarios sobre la crisis política.
También resalta La República el contexto militar peruano. Durante las últimas semanas los medios habían especulado sobre presuntos mandos de las Fuerzas Armadas que estarían coordinando con sectores políticos la moción de vacancia contra el ahora exmandatario.
Precisamente el 9 de noviembre se conoció formalmente la lista de cambios en los mandos militares y pases a retiro que había ordenado Vizcarra, luego de las especulaciones y rumores. En la noche del lunes ocurrió la votación y ya este martes Manuel Merino podría modificar la situación.
En septiembre, el portal de investigación IDL-Reporteros señaló que Merino se comunicó con varios mandos militares para notificarles que se iniciaría el proceso de vacancia, un hecho inusual dentro del funcionamiento del Estado peruano. El trabajo periodístico se tituló “Tocando la puerta de los cuarteles”.
Al enfrentar la moción de vacancia, Vizcarra acusó a factores políticos de promover la destitución, sacarlo para retrasar las elecciones de 2021 y así prolongar su mandato en el Congreso.
No obstante, el hasta entonces presidente del Congreso y militante del partido Acción Popular, Manuel Merino, asumió el 10 de noviembre la Presidencia de Perú y aseveró que su primer compromiso era garantizar el proceso electoral en marcha.
Para aprobar la destitución de Vizcarra, sus adversario acudieron a un viejo expediente, se le acusó de haber recibido sobornos mientras ejercía como gobernador del departamento de Moquegua en el año 2014, ¡hace seis años! Sin duda que la vacancia en realidad parece un juicio político sumarial. ¿Por qué la Fiscalía no actuó durante tanto tiempo y de inmediato lo hace el Congreso?
El origen de todo habría que buscarlo en la guerra de poder que han sostenido en los últimos cinco la derecha peruana, la tradicional, la que se presume emergente (como la representaba Vizcarra) y la fujimorista, asociada a la dictadura.
En este caso la vieja derecha tradicional y los fujimoristas han hecho una sincronía perfecta de la trama. No quiere decir que Vizcarra sea inocente, es más, la postura de la izquierda peruana era que la Fiscalía avanzara con la investigación, pero que finalizara su mandato.
En lo ideológico y en su posicionamiento político no hay mayor cosa de diferencia entre lo que representa Vizcarra y la mayoría de quienes lo destituyeron, excepto la bancada del Frente Amplio, que votó a favor de la vacancia, pero se encuentra a la izquierda en el espectro político.
Los mismos de ayer
El partido del nuevo mandatario Merino, Acción Popular, es uno de los más antiguos que sobreviven en Perú, una organización fundada por una de las familias políticas insignia de la oligarquía peruana: los Belaúnde Terry.
Su poder nace de convulsos eventos en 1962, cuando las Fuerzas Armadas desconocieron el aparente triunfo de Haya de la Torre, líder del APRA, y luego una comisión comprobara un presunto fraude.
En 1963 se efectúan nuevas elecciones y resulta triunfador el fundador de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry. Desde entonces esta organización política es una de las que por más tiempo ha gobernado a Perú en las últimas décadas. Más tarde fueron los primeros opositores al Gobierno militar progresista liderado por Juan Velasco Alvarado.
En 1980, Belaúnde volvió al gobierno y se encargó de echar marcha atrás a todas las medidas de avanzada a favor de las grandes mayorías aprobadas por el gobierno de Velasco Alvarado.
En 1989, Acción Popular formó una coalición para impulsar la candidatura del ultraconservador Mario Vargas Llosa, derrotado entonces por otra ficha impulsada desde la derecha, Alberto Fujimori. Eran tiempos convulsos para Perú, con altos niveles de violencia política. Entre 2000 y 2001, Acción Popular también gobernó el país por medio de la presidencia transitoria de Valentín Paniagua.
En las elecciones de 2016, el candidato de Acción Popular apenas alcanzó 6,95%. En las parlamentarias efectuadas este año superaron por escaso margen el 10 por ciento de los votos. Hoy son el partido de gobierno en Perú.
Lo que viene
En un escenario político turbio y atomizado los peruanos deberán elegir a un nuevo presidente en abril del próximo año, si es que no hay sorpresas. La propia composición del Congreso refleja un complicado rompecabezas. Los partidos tradicionales están diluidos y la derecha, picada en varios sectores.
Del lado de la izquierda, la lideresa del Movimiento Nuevo Perú y candidata también del Partido Comunista Peruano Verónika Mendoza marcha segunda en las encuestas y es la que más apoyos ha logrado aglutinar dentro de su campo.
Las fuerzas progresistas no escapan de la división, y eso se constató con el voto del Frente Amplio en el Congreso a favor de la vacancia. Otros sectores de más difícil identificación con la izquierda, como el Partido Morado, también tienen alguna relevancia para conocer cómo se presentará la pugna política en las próximas semanas.
Por allí anda también el fantasma del expresidente Humala, quien en su mandato cumplió con muy poco de lo que proponía para cambiar al Perú con el Partido Nacionalista Peruano (PNP). También los medios peruanos destacan el creciente rol político que estaría adquiriendo Antauro Humala (hermano de Ollanta).
Faltan apenas cinco meses para las elecciones generales y a pesar de que parece poco tiempo, será una inmensidad para avizorar como interpretarán los peruanos lo que ocurre. Hay un indicio que puede ser por un cambio real. En octubre fue difundida una encuesta de la firma Datum, que refleja que el 52 por ciento de los consultados están a favor del cambio de la Constitución de la dictadura de 1993 por una nueva.