Tinta cruda
Por: Alfredo Carquez S.
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La política de plena soberanía petrolera, diseñada y ejecutada por el presidente Hugo Chávez, alcanzó su clímax el 1° de mayo de 2007 con la nacionalización de las empresas que operaban en la entonces Faja Petrolífera del Orinoco: convenios de asociación y convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas. En estos participaba la República en condiciones de desventaja frente compañías procedentes de países como, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Canadá y Noruega.
El objetivo de recolocar las cosas en su lugar en lo que respecta a la administración de los recursos naturales, en este caso los hidrocarburos, de acuerdo con los intereses nacionales y en función de orientar el producto de su renta para saldar una deuda social de larga data, también se tradujo en la revisión de las condiciones establecidas durante la Apertura Petrolera para los denominados convenios operativos.
¿Qué características tenían en común esos esquemas de negocios antes mencionados? La primera es que en todos salían perdiendo, tanto Petróleos de Venezuela como la nación. La petrolera estatal, que progresivamente fue quedando como socio minoritario a medida que se avanzaba en nuevos contratos, fue convertida en una especie de rehén de quienes realmente controlaban las operaciones.
Por ejemplo, en algunos de los convenios se establecía que cualquier decisión gubernamental de política fiscal o macroeconómica debía ser compensada por la compañía venezolana. Los impuestos, si es que se pagaban, los cancelaban como si fuesen empresas no petroleras, es decir, a una tasa de 34 por ciento y no a la de 50 por ciento fijada para el sector hidrocarburos.
Resulta apropiado recordar que muchos de los detalles se pudieron conocer años después, porque ni en el Ministerio ni en Pdvsa ni en el antiguo Congreso Nacional se pudieron encontrar tales documentos. A esta información se llegó luego de la derrota del sabotaje petrolero y una vez puesta en la práctica el texto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El presidente Chávez defendió el aumento –hasta ser mayoritaria- de la presencia societaria del Estado venezolano en la reestructuración de los antiguos negocios, cuando pasaron a convertirse en empresas mixtas. Igualmente exigió el pago de impuesto sobre la renta de 50 por ciento y la cancelación de regalías de 33,3 por ciento como derecho inalienable por la explotación de un recurso natural no renovable, propiedad de todos los venezolanos.
No hubo secretos en las negociaciones con las empresas extranjeras durante el proceso de migración. Todo el país estuvo al tanto de las posiciones encontradas e incluso cuando un par de ellas decidieron demandar a Pdvsa y a la República. Esta fue otra de las diferencias establecida por la política de plena soberanía petrolera.