La gigante petrolera Mobil hizo donaciones exentas de impuestos a universidades de prestigio, organizaciones civiles y proyectos artísticos para debilitar la regulación medioambiental y promover sus intereses, según varios documentos internos de principios de los 90 a los que ha tenido acceso The Guardian.
La aparición de los documentos coincide con las investigaciones que en EEUU llevan adelante varios fiscales generales estatales contra ExxonMobil, el nombre que tomó la petrolera tras su fusión con Exxon en 1999, por no haber comunicado a los inversores y al público general los riesgos relativos a la crisis climática que ya conocía.
Llegados a The Guardian desde el Centro de Investigaciones Climáticas, los documentos son una muestra de la forma en que las empresas destinan dinero a proyectos académicos y grupos de presión con el objetivo de ganar influencia, acumular prestigio y condicionar las políticas públicas.
En los papeles, fechados en 1993, la Fundación Mobil justifica el gasto detallando los «beneficios para Mobil» que esperaba cosechar con las más de 80 subvenciones propuestas para el año 1994, incurriendo así en un posible delito contra la ley estadounidense que regula el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro.
Los documentos de la fundación indican que las subvenciones pueden ayudar a Mobil a luchar contra la regulación medioambiental, financiar a científicos con trabajos que han sido «bien recibidos por la industria» y preparar la defensa de la empresa ante posibles demandas por derrames de petróleo y accidentes industriales.
En una página donde se enumeran subvenciones anteriores, la Fundación recuerda el éxito obtenido por Mobil «al lograr que la Junta Directiva del Consejo Nacional de Seguridad aprobara una resolución contra la exigencia de combustibles alternativos». Según el documento, ese Consejo había recibido casi un cuarto de millón de dólares en forma de subvenciones. La sugerencia era seguir subvencionándolo el año siguiente.
Las recomendaciones de subvenciones y los registros internos (muchos de ellos confidenciales) abarcan un total de 1,2 millones de dólares, aproximadamente el 10% del presupuesto anual de la fundación. Más de dos tercios de las 120 páginas con recomendaciones de subvenciones pronostican beneficios específicos para la multinacional petrolera.
Estas son algunas de las justificaciones que se ofrecían para canalizar el dinero hacia ONG y universidades:
– «Es probable que el calentamiento global sea el principal tema medioambiental a nivel internacional en la década de los noventa», pronosticaba la fundación en 1993. La regulación climática, decía, «es una posibilidad real dentro de los próximos cinco años». Para ayudar a Mobil a «desarrollar relaciones personales con algunos de los expertos clave en este tema» y permitir que la empresa «participe en el debate sobre estas regulaciones», la fundación recomendaba una subvención de 25.000 dólares al Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty, de la Universidad de Columbia.
– La Fundación Mobil recomendaba entregar 25.000 dólares al Centro de Análisis de Riesgos de Harvard. La justificación era que el centro había argumentado con éxito en contra de una regulación más estricta para los hidrocarburos y había influido en las leyes de contaminación atmosférica de EEUU. En el futuro, sus posturas podrían ayudar a mantener bajos los costos de Mobil. «Los gastos medioambientales de Mobil superaron los 1.000 millones de dólares en 1992», dice el documento. «Sin una mejor comprensión del análisis de riesgos científicos, esos costes continuarán subiendo a medida que las normas y programas medioambientales se hagan excesivamente estrictos debido al pánico infundado por incidentes relativamente menores».
– La Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia describe su Programa de Socios Medioambientales como «un grupo de hombres de negocios preocupados por los efectos medioambientales de las actividades industriales». La fundadora de ese programa fue la doctora Ruth Patrick, clave en la redacción de la importante ley estadounidense ‘Clean Water Act’ que concedió a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) la potestad de regular para evitar daños por la contaminación del agua. «Teniendo en cuenta los contactos de la Academia», escribe la Fundación Mobil, «el Programa de Socios Medioambientales podría servir para cuestionar a la EPA, entre bastidores, en lo relativo a la eficacia de una regulación medioambiental y a los fundamentos científicos de la ley que se proponga»
– La Fundación Mobil recomendó ofrecer financiación al Consejo Nacional de Investigación (integrante de las Academias Nacionales), para investigar un método de limpieza de derrames de petróleo. «Si ayuda a financiar el estudio, Mobil puede tener la oportunidad de participar en él o de conocer antes los resultados».
«La filantropía es un concepto moribundo»
Los líderes de Mobil y de la Fundación Mobil ya habían dado pistas sobre los beneficios que esperaban cosechar con las donaciones. «¿Deben las corporaciones dedicarse a la filantropía pura, solo por la buena sensación que eso les produce y sin que a los accionistas les preocupe?». La pregunta retórica es de Herbert Schmertz, vicepresidente de asuntos públicos de Mobil durante aproximadamente veinte años y expresidente de la Fundación Mobil. Hablaba en una charla sobre filantropía y responsabilidad social corporativa el 22 de septiembre de 1987. «Supongo que mi respuesta es que no sé si ha existido alguna vez ese tipo de filantropía corporativa que acabo de definir, sólo para tener una sensación de calidez», siguió. «Pero si alguna vez existió, es un concepto moribundo en lo que se refiere a las donaciones corporativas».
Un libro de 1998 que agradece a Richard Mund por sus correcciones (Mund dirigió la Fundación Mobil entre 1979 y 2000) ofrece una visión similar sobre las subvenciones de empresas. El consejo es que las corporaciones «identifiquen una razón comercial significativa» para otorgar subvenciones y «obtengan tanto valor comercial de sus inversiones sociales como sea permisible y práctico».
Según varios expertos en impuestos consultados por The Guardian, si la intención declarada de la Fundación Mobil de beneficiar a la empresa Mobil con donaciones «caritativas» hubiera salido a la luz antes de prescribir, habrían saltado las alertas ante un posible comportamiento ilegal.
Según Naomi Oreskes, era «muy difícil que esta información llegara al público». La autora de ‘Merchants of Doubt’ (Mercaderes de la duda) y profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard explica que «por lo general sólo se puede ver el nombre de la organización y la cantidad, pero no los detalles de para qué o por qué». «Aquí se puede ver un patrón de ‘donaciones caritativas’ que son cualquier cosa menos desinteresadas».
«Nuestro brazo filantrópico cumple con todas las leyes y cláusulas de confidencialidad requeridas», afirma un portavoz de la petrolera. «La Fundación ExxonMobil tiene un enfoque estratégico de apoyo a la educación con especial interés en matemáticas y ciencia, evitando muertes por malaria y apoyando a las mujeres como impulsoras del desarrollo económico».
Según una demanda presentada en octubre por la Fiscalía General de Nueva York, ExxonMobil engañó durante años a los inversionistas en lo relativo a los riesgos que corría el gigante de los combustibles fósiles por la regulación relacionada con la crisis del clima.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó en enero un recurso de apelación presentado por la empresa y permitió así que la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, investigara la forma en que ExxonMobil describía los riesgos de la crisis climática ante inversores y consumidores. The Guardian quiso hablar con un portavoz de Healey sobre los nuevos documentos, pero no han querido hacer ninguna declaración porque el caso sigue abierto.
La nueva Fundación ExxonMobil fue creada en 1999, coincidiendo con la fusión de ambas empresas. Según los organismos dedicados a controlar la actividad de las empresas, el fenómeno de un sector corporativo que usa las organizaciones sin fines de lucro para influir en la política está en auge desde la década de los noventa. El fallo en el Tribunal Supremo del caso Citizens United fue clave porque blindó la posibilidad de que las empresas hicieran donaciones políticas. Según los críticos, eso impulsó el rápido crecimiento de grupos de presión con «dinero oscuro», por la dificultad de rastrear los fondos.
Para Lisa Graves, presidenta de la junta directiva del Centro para los Medios de Comunicación y la Democracia, es algo «extremadamente preocupante». «Una de las principales reglas en las organizaciones sin fines de lucro es que sean de interés público, y no para obtener beneficios privados».