La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió este jueves a la defensa de los exgenerales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez evitar convertir el proceso por genocidio en una «acumulación de acciones dilatorias».
Los abogados defensores del expresidente de facto Ríos Montt logró el pasado lunes interrumpir un nuevo debate, pues el Tribunal de Mayor Riesgo B dio con lugar la recusación presentada contra la presidenta a cargo, la jueza Janeth Valdés.
Al igual que en el primer juicio celebrado en 2013, existe una estrategia de retraso por parte de la defensa, la cual busca crear las condiciones para viciar el debate mediante el abuso fraudulento de amparos, recusaciones, entre otros recursos, denunció la FIDH, citada por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala.
La Federación pidió respetar el principio al debido proceso, el derecho de las víctimas a un juicio justo, garantizar la seguridad de los jueces, fiscales y testigos, además de seleccionar un nuevo tribunal a la brevedad posible,
La Corte de Apelaciones deberá notificar a las partes procesales de la nueva integración del tribunal, el cual decidirá la próxima fecha de la audiencia para iniciar el juicio, lo cual podría llevar meses.
Ríos Montt, de 88 años, ingresó el pasado lunes en una camilla a la Torre de Tribunales, luego de que la defensa hubiera presentado desde el 29 de diciembre un certificado médico en busca de justificar la ausencia a la vista oral y pública del acusado de ordenar la muerte de mil 771 indígenas de la región ixil, ubicada en el noroccidental departamento de El Quiché.
En silla de ruedas fue llevado ante el juzgado Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia militar durante el mandato de Ríos Montt (de marzo de 1982 a agosto de 1983).
Presentes en la sala estuvieron la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y familiares de víctimas de muerte, violaciones y desplazamientos de 1982 a 1983, uno de los períodos más sangrientos del conflicto armado interno (1960-1996).
Esa guerra de 36 años dejó un saldo de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, la inmensa mayoría causados por integrantes de fuerzas militares y estatales, según constató la ONU en 1999.
Ambos son sindicados por el Ministerio Público por delitos de genocidio y lesa humanidad.
El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez y sentenció a 80 años de cautiverio a Ríos Montt, tras analizar varias pruebas testimoniales y documentales, y luego de escuchar a las partes involucradas.
Sin embargo, 10 días después la Corte de Constitucionalidad anuló el debate, fallo criticado por organizaciones nacionales e internacionales.