Durante una exposición en la Escuela Venezolana de Planificación, el titular del organismo aseguró que no hay motivos para invocar la desobediencia civil, prevista en el artículo 350
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La Contraloría General de la República propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un plan nacional contra la corrupción de manera de luchar contra ese flagelo que afecta la gestión del Estado, anunció el titular del organismo, Manuel Galindo.
El contenido de las propuestas, una vez sea elegida la nueva asamblea el 30 de julio, está orientado a promover la ética y los valores socialistas, fortalecer y ampliar la contraloría social y fortalecer el sistema nacional de control fiscal, especificó el contralor general, durante su presentación en el Ciclo de debate constituyente con el pueblo planificador.
Además se le planteará a la ANC regresar al mecanismo de control previo y «fortalecer el control sobre el manejo de los fondos públicos por parte de los entes descentralizados», en especial en las fundaciones del Estado, con el fin de evitar la corrupción, añadió Galindo.
BATALLA CAMPAL
“Tenemos una batalla campal contra los ilícitos, tanto en su fase de prevención como en su control posterior”, manifestó el contralor en la Escuela Venezolana de Planificación, en La Rinconada, donde se desarrolló el ciclo.
La Contraloría ejecuta un plan estratégico de combate a la corrupción, por lo que es fundamental la prevención, la colaboración interinstitucional para determinar los ilícitos y por último la sanción, detalló Galindo en su intervención.
La Contraloría General de la República «no persigue personas ni políticos», por el contrario, «cumple con un mandato constitucional al ejercer un control sobre los órganos y entes del Estado venezolano. El antro de corrupción se concentra en los denominados entes descentralizados», puntualizó.
El contralor se explayó sobre el comentario del alcance de los tres artículos sobre la Constituyente en la Carta Magna: 347, 348 y 349. Comentó la facultad que tiene el Presidente de la República para convocar una asamblea sin necesidad de un referendo consultivo y ratificó que se efectuará un referendo aprobatorio sobre el nuevo texto constitucional.
El servidor público comentó que se requiere la publicación en Gaceta Oficial, de ser aprobado el nuevo texto legal, para que entre en vigencia. Además dijo que será la Asamblea Nacional Constituyente la que decidirá si será necesaria la relegitimación de los poderes públicos.
“No se trata de cambiar la de 1999, sino de mejorarla. La vigente es la base fundamental de la nueva iniciativa”, afirmó Galindo.
Durante la presentación de su ponencia, Galindo aclaró que para interpretar el texto legal está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “Sus decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos”, aseveró.
SIN ARGUMENTOS
El contralor se refirió al artículo 333, que establece la obligación del restablecimiento de su vigencia si se dejara de cumplir por causas de fuerza o por contravenir sus preceptos fehacientemente. En cuanto a la desobediencia civil, estipulada en el artículo 350, planteada por grupos de oposición, Galindo dijo que no existen argumentos para convocar tal acción, pues no se está violando la Constitución.
La acción del Ejecutivo no contraviene la Carta Magna, en lo que ha insistido el Primer Mandatario Nacional es en llamar al encuentro nacional, al diálogo y a la paz, enfatizó el contralor general.
El Tribunal Supremo de Justicia interpretó de manera clara el artículo 350 en la sentencia número 23 del año 2003. “No hay ningún régimen antidemocrático, ni mucho menos una interrupción de constitucional”, apuntó el miembro del Poder Moral Republicano.
Si por cualquier circunstancia, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente no cumpliese con los extremos o con el procedimiento contenido en la Constitución de 1999, el exhorto de sectores de la derecha debería ser de carácter pacífico «y no generando violencia, generando daños al patrimonio público y privado».