De los casi mil supermercados que expenden en el país alimentos y otros bienes de consumo masivo y uso diario familiar, unos 60 integran la Red Bicentenario en manos del Estado.
El resto, más de 900 -desde las transnacionales Macro y Superlíder, hasta los de capital más restringido, en regiones y ciudades del país- son empresas privadas que mantienen prácticas subterráneas de cartelización, imponen precios, lapsos de “desaparición” de líneas de productos y facilitación para el desvío de bienes predeterminados hacia países vecinos o del Caribe.
Y ello en el contexto de una estrategia de agresión externa contra Venezuela, evidente en las amenazas a través del Ciadi y la demanda de ConocoPhillips -además de otras 25 que allí cursan- contra Venezuela, así como de sanciones anunciadas por voceros de la Unión Europea; y las que recientemente aprobó el Congreso de Estados Unidos. Ello habla de un contexto de concertación de distorsiones que “juega duro”, dentro y fuera del país y atenta contra los derechos del pueblo a su abastecimiento y viola descaradamente la Constitución Bolivariana, cuyos artículos 113 y 114 prohíben la cartelización, acaparamiento, usura y todo ilícito económico.
Nuestro pueblo debe tener claro que un propósito inmediato de esa estrategia desestabilizadora que adelantan los grupos importadores y grandes distribuidores de bienes masivos en el territorio nacional, es acrecentar su incomodidad, buscando que se achaque toda responsabilidad en las dificultades de abastecimiento de los anaqueles al Gobierno Bolivariano; y que el votante reaccione políticamente en contra a fines de año, sufragando en las elecciones parlamentarias contra los diputados bolivarianos; o se abstenga, facilitando un eventual incremento de las cuotas opositoras en el nuevo Parlamento 2016 / 2021.
Frente a este cuadro, el Gobierno debe responder sin dilación: de una parte, impulsando la siembra de nuevas fuerzas productivas en nuestro territorio, para reducir a mediano plazo la dependencia alimentaria y, en lo inmediato, priorizando una lista de al menos 15 productos, como leche, carne, arroz, maíz (o harina precocida), azúcar y granos, así como pañales, detergente, papel toalé, toallas sanitarias y acaso rasuradoras, para cuya provisión se debería garantizar canales transparentes de suministro interno, con fuente externa temporal en algunos casos, asegurando la ampliación de las redes públicas de distribución.