El próximo 31 de julio vencerá el plazo para que los funcionarios con altos cargos en los entes del poder público nacional, estadal y municipal actualicen su declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República (CGR).
De las 64.000 personas obligadas a cumplir con esta norma, sólo 25.307 han presentado su actualización, proceso que comenzó el 1º de este mes, refirió una nota de prensa del ente contralor.
La contralora general (E), Adelina González, recordó que de incumplirse este mandato se aplicarán sanciones contempladas en la Ley contra la Corrupción, como multas que van de 50 a 500 unidades tributarias.
La declaración debe hacerse en formato electrónico a través del sistema para la Declaración Jurada de Patrimonio en la página web www.cgr.gob.ve. Con ello se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 01-00-057, de fecha 26 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.148 del 27 de marzo de ese mismo año.
De acuerdo con la referida resolución, deben declarar los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de gobierno y directores del tren ejecutivo, legisladores del Consejo Legislativo, procurador del estado y directores generales, juez rector, presidente del circuito judicial penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, defensor del Pueblo y director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo.
También deben cumplir este requisito los alcaldes, concejales, el contralor del estado, los contralores municipales y directores generales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales, los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.
La citada resolución también establece la obligación de presentar anualmente la declaración jurada de patrimonio actualizada de los funcionarios de elección popular, máximas autoridades jerárquicas y niveles directivos o gerenciales y los establecidos de alto nivel, conforme con el instrumento sublegal interno de cada institución.
Los funcionarios que ocupen dichos cargos y hayan presentado declaración por ingreso o por algún otro movimiento que tuvieron en la institución o ascenso hace menos de seis meses no están obligados a actualizar. También están excluidos de esta declaración todo el personal del Ministerio Público.