Por: Walter Ortiz
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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se instaló el 4 de agosto de 2017 literalmente bajo fuego. Venezuela sufría una nueve arremetida de brazos ejecutores internos y bajo el amparo de Washington, para dar al traste con la Revolución Bolivariana derrocando al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
En un contexto difícil esta instancia lejos de actuar con la fuerza de un poder plenipotenciario, tal como lo dispone la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuó responsablemente ante un país cuyos ciudadanos necesitaban en primer lugar paz y estabilidad política, dado el momento de su instalación.
Como era lógico a esto, nombró un nuevo Fiscal General de la República, dado el compromiso insurreccional de su predecesora, y desarrollo mediante Decretos un proceso de armonía institucional con los poderes públicos constituidos, siendo el único factor no colaborativo la Asamblea Nacional (AN), cuya mayoría se comprometió frontalmente con el plan golpista.
Convocó tres elecciones (gobernadores, alcaldes y presidencial) buscando fortalecer la estabilidad política democrática, con la legitimación electoral como elemento que durante los 19 años de Carta Magna han sido moneda recurrente para dirimir diferencias. Estos procesos resultaron exitosos al punto que quienes vilipendian sus procedimientos y resultados no estuvieron en capacidad técnica real de hacer valer un relato de fraude que se les convirtió en boomerang.
En la actualidad, comprometida como está con el necesario triunfo de un programa económico que debe sostenerse en el tiempo y dinamizar procesos de desanclaje del metabolismo rentista petrolero, la ANC se convierte en espacio clave para el devenir político de Venezuela.
Lo es por dos razones. La primera, es por su rol de presentar al país, en el contexto de un debate que tendrá próximamente que profundizarse, los contenidos de la Constitución Nacional. En segundo lugar, porque tendrá que seguir ahondando en los esfuerzos que ha venido acometiendo para sostener la estabilidad política actual y fomentar el éxito del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica impulsado desde el Ejecutivo Nacional con todo lo que implicaría para la cotidianidad venezolana en el mediano y largo plazo.
Los actores contrarios a la Asamblea Nacional Constituyente, a sabiendas de estos roles fundamentales, empiezan a desarrollar toda una campaña tergiversada para mellar el papel político que viene jugando. La posverdad se apodera del debate de contenidos, y pretende colocar deformadamente asuntos sociales de envergadura para disminuir la seriedad del debate y dañar el trabajo de la ANC hasta el momento.
Parte del combate a esta táctica será la activación superior de mecanismos efectivos de información y ampliación de espacios de debate de los temas esenciales de cada Capítulo a blindar de la Carta Magna, que eventualmente será sometida a la decisión de las venezolanas y los venezolanos.