Los movimientos sociales y Consejos Comunales de la Candelaria manifestaron su disconformidad con la forma en que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) actuó en la fiscalización del Supermercado Unicasa de La Candelaria.
Cuando el día viernes 7 de octubre “el superintendente de la Sundde, William Contreras, llegó al Supermercado Unicasa con total desconocimiento del plan parroquial de abastecimiento” que llevaba a cabo el Poder Popular organizado y con una visión “errónea de lo que estaba sucediendo, en ese instante, quisimos aclarar toda la situación pero su actitud no nos permitió hacerlo con detalle”, indicó una nota llegada a la redacción de la comunidad.
En la misiva se indica que era necesaria la intervención de la Sundde en el Unicasa por las múltiples irregularidades que se estaban presentando. Fallas que se habían denunciado antes varias instituciones, incluso recientemente ante el general Carlos Martínez Stapulionis, jefe de la ZODI-Capital.
La comunidad solicita una reunión con el superintendente William Contreras para que “nos escuche y podamos explicar en qué consiste el plan de abastecimiento de la comunidad y que en consenso busquemos la mejor vía para que se aclare esta situación públicamente”.
Aseguraron que las autoridades de Unicasa, no especifican quiénes, había impuesto condiciones como que 70% de los productos regulados se destinaban a los habitantes de la parroquia La Candelaria, mientras que 30% era dirigidos a personas ajenas a la parroquia. Además 250 combos diariamente se daban a los trabajadores del supermercado y sus familiares.
Las comunidades aseguraron en el escrito que se vienen organizando desde hace aproximadamente 3 meses, en vista de que se han vistos afectados por la guerra económica y por la acción de los bachaqueros y de “algunos empleados públicos que se aprovechan de su cargo” para adquirir productos.
Indicaron que la parroquia no ha sido priorizada con la política de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) por las autoridades las características socioeconómicas, según les explicaron las autoridades.
En la nota, la comunidad organizada manifestó su “profunda molestia e indignación por toda la información distorsionada que ha estado rodando por los medios de comunicación y las redes sociales, difamándonos como organización comunitaria”.