El concepto de protección social indica que en todos los países del mundo los ancianos y los niños son los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bajo ese criterio general los defensores de la seguridad social luchan por introducir normas legales y constitucionales que protejan al ser humano desde el nacimiento hasta la muerte.
De allí han surgido los Convenios Internacionales dedicados específicamente a dictar resoluciones que posteriormente los gobiernos y el Congreso de cada país los incluye en su normativa legal.
Eso no impide que a la hora de una crisis los primeros afectados sean los adultos mayores, beneficiarios de pensiones o jubilaciones.
Lo está viviendo hoy el pueblo griego, cuando los grupos económicos se resisten a aportar mayores impuestos para saldar la deuda externa, mientras que los jubilados solo pueden retirar 120 euros de las entidades bancarias. Y como es público y notorio, tienen que acudir a los comedores populares para poder subsistir.
En España, sin que la crisis haya tenido la magnitud de Grecia, han elevado la edad de jubilación obligando a la trabajadora o el trabajador a cotizar más de 40 años para obtener la pensión.
El sector de “pensionistas” ha sido víctima de los desahucios (desalojos) por parte de las entidades financieras, las cuales utilizan la indexación de los intereses en las hipotecas.
En Estados Unidos, en la oportunidad de la crisis inmobiliaria, los adultos mayores tuvieron que vivir en sus vehículos, en las Iglesias y refugios para protegerse de la inclemencia del sol o del frío, de las lluvias y el acoso de animales y delincuentes.
En Venezuela, aun con bajos precios del petróleo, la seguridad social protege a más de dos millones y medio de personas.