La solicitud del presidente chileno, Sebastián Pïñera, de aprobar con carácter de urgencia en el Congreso el proyecto de Ley Antiencapuchados, para atacar el conflicto en la Araucanía, ha generado malestar en las comunidades de esta región ubicada al sur del país, así como también de diversos sectores de la oposición en el Senado.
Piñera anunció el domingo que dará “urgencia” a la aprobación de la Ley Antiencapuchados, impulsada por el ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter, para “evitar que las personas que participen de actividades públicas, como manifestaciones, tengan el rostro cubierto”.
Asimismo, la normativa pretende dar mayores «atribuciones» a los uniformados para combatir “cualquier acto de violencia”, reforzando además la legislación para “proteger la integridad de Carabineros y los ciudadanos”.
Medios locales han reseñado que el anunció ha causado malestar en las comunidades de la Araucanía, que señalan que el Gobierno busca victimizarse y absolverse “a sí mismo” de toda responsabilidad en el conflicto de tierras de esta región chilena.
En tanto, diputados del Partido por la Democracia (PPD) y de Democracia Cristiana (DC), además de diversas organizaciones sociales, expresaron su rechazo al proyecto y cuestionaron que el Gobierno pretenda buscar acuerdos en La Araucanía mientras promueve la ley.
El parlamentario René Saffirio, de Democracia Cristiana, calificó como «inconveniente» el anuncio del Mandatario, ya que se oficializa en el día previo a la serie de reuniones que realiza el ministro Andrés Chadwick en La Araucanía.
«Planteé la inconveniencia que el Presidente, el día antes de esta reunión, haya dicho que puso discusión inmediata a la llamada ‘ley Hinzpeter’, que sanciona la protesta social, a sabiendas que esto genera enormes diferencias en el Congreso», precisó.
Reiteró que desde la mesa de diálogo, de la cual forma parte, se repudian todos los hechos de violencia provocados por particulares y los cometidos por «el Estado hacia el pueblo mapuche, en actos que impliquen abusos o desconocimiento de derechos humanos y garantías individuales».
Por su parte, el diputado socialista Fidel Espinoza afirmó que “lo que quiere hacer la Ley Hinzpeter es truncar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse. Quiere ver a una ciudadanía encerrada, que no se manifieste, que no exprese disconformidad con las acciones que el Estado está llevando adelante (…) es anti movimiento sociales más que una ley que busque desterrar conductas impropias que todos repudiamos y castigamos”.
El descontento por la Ley Antiencapuchados se suma al provocado por la ya sancionada Ley Antiterrorista, que faculta ampliar la detención de una persona bajo cargos de terrorismo, sin tener que presentarlo ante un magistrado o una audiencia de control.
«Aquí la ley no se está aplicando al pueblo mapuche, como dicen algunos, se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean, del color que sean, del lugar que sean», precisó Piñera en días recientes.
Durante las últimas semanas, se han recrudecido en la Araucanía los incidentes vinculados al denominado “conflicto mapuche”, que desde los años noventa enfrenta a grupos indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan una tierra que ancestralmente los mapuches dicen les pertenece.