Este martes la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) allanó una empresa de maletín propiedad de José Ignacio Hernández, articulador político del diputado en desacato Juan Guaidó, cuya compañía ficticia operaba en un domicilio ilegal en la urbanización Santa Sofía de la parroquia El Cafetal, municipio Baruta de Caracas.
Este lunes fueron intervenidas las oficinas de Grau, Hernández & Mónaco ubicadas en la Torre Humboldt de la misma localidad, en las que también figura como socio el seudoprocurador, responsable y partícipe del grupo de lobbistas políticos en Estados Unidos que promovieron la confiscación ilegal de Citgo, filial de la estatal Petróleo de Venezuela (PDVSA).
Respecto al procedimiento de la PNCC este 2 de junio, en la supuesta entidad comercial de razón social Analítica HG C.A., Hernández es el único socio, mientras que su padre, Carlos Hernández Delfino, exfuncionario del Banco Central de Venezuela (BCV) y alto funcionario en el gobierno del fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez, aparece como representante de la misma.
El blog de investigación La Tabla reseñó que la compañía, de Registro de Información Fiscal (RIF) J-293929962, fue constituida en el año 2002 en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital.
El procedimiento se centra en “determinar los nexos” de Hernández “con al menos ocho compañías en Venezuela”, refiere el medio en la red social Twitter.
El allanamiento de este lunes incluyó su residencia en El Hatillo y, tras los señalamientos preliminares los vínculos en las plataformas electrónicas de Grau, Hernández & Mónaco fueron borrados.
Por otra parte, el padre del referido, además de ser funcionario gerencial y director designado del BCV por Carlos Andrés Pérez durante seis años, también tuvo como responsabilidad el área de crédito público y negociador de la deuda externa privada.
El supuesto procurador, quien fungió como experto legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para favorecer la demanda de Crystallex contra PDVSA, forma parte del grupo de opositores venezolanos que, con el respaldo de la administración de Donald Trump, apoyaron el desvío y apropiación de los activos de Venezuela en la nación del norte, de acuerdo a las denuncias del gobierno venezolano.
A finales del mes de enero Hernández se libró de responsabilidad y renunció al supuesto cargo asignado por Guaidó, autoproclamado presidente interino, luego que varios diputados de la Asamblea Nacional (AN) en desacato iniciaron una investigación por el desvío de los activos en el exterior.
“Hay rebelión en la banda criminal que lidera Guaidó. El procurador fake (mentecilla perversa del despojo de activos de Venezuela en el exterior), se rebeló contra pretendidos ‘controles’ de su chequera (dinero de Citgo). Arrecia la disputa en la banda por repartirse el botín”, indicó la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.
La autoproclamación de Guaidó contó con la anuencia de Trump y el apoyo de gobiernos de derecha de la región, como parte del plan continuado para deponer del poder al presidente Nicolás Maduro, plan del que Hernández, como delegado por Guaidó en EE.UU. en procura de los intereses de Washington y en detrimento de la soberanía y recursos del país, está involucrado, reseñaron medios internacionales.
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