Centenares de policías antidisturbios controlan este jueves las carreteras de departamentos del norte paraguayo para evitar nuevos cierres del tránsito por las organizaciones campesinas de la zona.
En la operación anunciada por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, e iniciada este miércoles participan agentes antidisturbios y la Policía Montada quienes, desde el principio tuvieron el apoyo de helicópteros.
Vargas fue duro en sus planteamientos al anunciar la decisión oficial de impedir cualquier nuevo intento de los labriegos para cerrar el paso de vehículos por carreteras de cuatro departamentos, como sucedió en los últimos días en reclamo al pago de un subsidio por pérdida de sus cosechas.
Aunque la entrega de 300 dólares por familia de pequeños productores se desarrolla lentamente y persiste la inconformidad por parte de los protestantes, el ministro dijo que la orden es impedir nuevos cortes de rutas y agregó rotundamente que si ello se registra «habrá sangre».
El problema fundamental parece estar ahora en el rechazo por los campesinos de una revisión gubernamental hecha a la lista de 20 mil trabajadores rurales que deben recibir la mencionada ayuda pues el ministerio de Agricultura sólo reconoce alrededor de la mitad con derecho a ello.
Mientras siguen las negociaciones sobre el tema existen mediadores que tratan de calmar a los campesinos pues una parte de ellos expresó su disposición de volver a las carreteras para continuar las protestas.
Por su parte, el senador Sixto Pereira, del Frente Guasú, acusó al gobierno de tener aires dictatoriales y aseguró no existe una voluntad oficial para dar una solución al conflicto desatado principalmente en los departamentos de Canindeyú y San Pedro.
Pereira enfatizó la falta de planes para resolver el conflicto con los pequeños productores y apuntó que Cartes prioriza a los grandes del llamado agronegocio beneficiando especialmente a productores y exportadores de soja, con enormes ganancias pero negados a un mayor aporte tributario.
La situación es desesperante, no hay intención de resolver los problemas de los cañeros, los productores de granos ni de los yerbateros porque ni siquiera existe un diseño económico incluyente para la población campesina, subrayó el senador.