Más de 400 policías procedieron este lunes a desalojar a unos 250 campesinos que desde hace un año estaban asentados en la colonia Naranjito a unos 35 kilómetros de la ciudad paraguaya de Curuguaty (suroeste); luego que el fiscal Jalil Rachid, emitiera la orden judicial.
La nueva acción contra familias de labriegos sin tierra que incluían mujeres y niños se realizó por orden del fiscal acusador en la audiencia preliminar contra los campesinos presos tras la denominada masacre de Curuguaty.
Por orden de Rachid -recusado varias veces sin éxito- más de 600 policías realizaron un violento desalojo en la hacienda Marina Cue, en Curuguaty, con saldo de 11 campesinos y seis agentes fallecidos en junio de 2012.
La abrumadora y sorpresiva presencia policíaca impidió toda resistencia y el fiscal reveló que se realizaba la operación a pedido de una sociedad anónima, cuyos detalles no reveló, sin tener en cuenta la presencia de los campesinos en el lugar hace más de 12 meses.
Sin embargo, paralelamente, otros 600 campesinos comenzaron a reagruparse cerca de la mencionada Marina Cué, cortaron en forma intermitente el tránsito por las vías cercanas y anunciaron que volverán a ocupar esta semana el escenario del sangriento desalojo.
Recientemente la Fiscalía General de Paraguay decidió que la hacienda en la que ocurrió la masacre de Curuguaty, pertenece a una familia de latifundistas y no al Estado. Este dictamen es clave porque la propiedad estatal echaría por tierra el cargo de invasión de propiedad privada que levanta el fiscal de la causa, Jalil Rachid, contra los 12 campesinos imputados.
La medida judicial se da en respuesta a la defensa de los campesinos que había solicitado que se determinara la propiedad del terreno donde murieron los seis policías y 11 labriegos, porque la hacienda permanecía en disputa entre el Estado y la empresa Campos Morumbí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, exsenador y dirigente del Partido Colorado, ya fallecido.
En 2004, esas tierras donadas por las Fuerzas Armadas al Estado iban a ser destinadas a la reforma agraria, pero el poder de Campos Morombí le permitió quedarse con las mismas en 2005, aunque se apunta la supuesta ilegalidad en la titulación.
Continuarán las protestas
Dirigentes campesinos apuntaron que esas protestas continuarán hasta que sean liberados sus compañeros presos y se entregue a las familias sin tierras unas dos mil hectáreas pertenecientes al Estado y ocupadas ilegalmente por latifundistas.
Otros focos de tensión se registran en varias vías del departamento de Canindeyu, al cual pertenece Curuguaty, por la presencia de centenares de campesinos que cierran el tránsito a los autos, ómnibus y vehículos de carga.
Ellos son beneficiarios del programa social Tekoporá, creado durante el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo, el cual asignó una pensión a madres solteras con la condición de cumplir estrictamente con la educación escolar de sus hijos.
El Gobierno comenzó a pagar a varios miles de participantes del programa sólo un mes de los atrasos en los cuales había incurrido, pero los protestantes señalan que hace siete meses no reciben el subsidio mencionado y por lo tanto, seguirán con su protesta.
Además, unas 350 personas permanecen bloqueando el acceso a las instalaciones del primer cuerpo del Ejército, mientras otros 400 campesinos cierran el paso a la ciudad de Yasi Kañi y más grupos bloquean el puente Jejuimí y la localidad de Ygatimi, todas en la zona del suroeste del país.