Elaisa López lo tiene claro. Frente a la propuesta de ley del partido Primero Justicia en la Asamblea Nacional que pretende privatizar las más de un millón de viviendas que el Gobierno nacional ha construido mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela dice: «Ellos (la oposición) quieren hacer de la vivienda una mercancía, que uno diga tengo un documento y en una emergencia, voy y la hipoteco en un banco privado y después me tiran para afuera con todos mis muchachitos y quedo otra vez a la orilla de un río».
Elaisa fue una de las mujeres que este martes, junto a colectivos y movimientos sociales, se movilizaron en Caracas para rechazar la propuesta de ley propuesta por el diputado Julio Borges, del partido de extrema derecha Primero Justicia.
«Estoy aquí porque no estoy de acuerdo con esa ley que quiere imponer el diputado Julio Borges para quitarnos nuestras viviendas con un engaño (…) No podemos permitir que ellos (la derecha) hagan de nuestro hogar una mercancía», dijo López.
Ratificó este martes la defensa de su hogar adjudicado por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMMV). «Ellos quieren hacer de la vivienda una mercancía, que uno diga tengo un documento y en una emergencia, voy y la hipoteco en un banco privado y después me tiran para afuera con todos mis muchachitos y quedo otra vez a la orilla de un río», indicó.
Llamó a los propietarios de la GMVV a no dejarse tentar por propuestas populistas de los diputados antichavistas de la Asamblea Nacional (AN). «Esa ley le va a quitar el derecho a personas que están con el deseo de cumplir su sueño de tener una vivienda digna para sus hijos y no es justo que vengan ellos con esa ley a quitarle ese derecho, por eso no podemos permitir que se apruebe esa ley», declaró.
Dijo sentirse propietaria de su vivienda ubicada en el Urbanismo Federación II, de la parroquia San Benito, del municipio Cabimas del estado Zulia. «Yo me siento propietaria, tengo mis documentos y en diciembre hice la protocolización de mi vivienda (…) el Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) fue al Urbanismo y todo fue transparente, rápido, por eso no sé de qué hablan ellos cuando dicen que van a dar documentos de propiedad y yo pregunto ¿cuáles? si ya yo los tengo en la mano», señaló.
En esta misma concentración estaba Olga Mendoza del 23 de enero, quien junto a cientos de féminas integrantes de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer) se solidarizó con las madres venezolanas. «Ellos tienen cuadrado un negocio redondo con la banca privada para expropiar a las familias de sus propiedades y que luego vengan los supuestos dueños de los terrenos y a su vez comprarle y la persona caerá en una trampa que después la va a dejar sin su hogar», manifestó.
La ley estafa, como la calificó, es una muestra más de «cómo la derecha venezolana aborrece al pueblo. Siempre nos han detestado y ellos no perdonan que el pueblo tenga una vivienda digna que le permita crear un hogar y que gracias al comandante Hugo Chávez, hoy un millón de familias tiene una vivienda propia».
Nery Matos, junto a su hija, son propietarias de un apartamento dentro del urbanismos Ojos de Chávez ubicado entre la avenida Bolívar y Lecuna en Caracas. «En defensa de mi casa y la de mis vecinos estoy aquí para rechazar esta ley corrupta» dijo en la concentración.
Luego de perder en 2011 su vivienda en Caracas, Matos y su hija hicieron todas las relaciones pertinentes para lograr su techo digno. «En 2011 se me vino el cerro abajo y entonces yo me metí en la Gran Misión Vivienda Venezuela y tras diligencias logramos nuestro hogar y protocolarizar nuestros documentos sin ningún problemas, ya estamos registradas y esa es nuestra casa».
La Asamblea Nacional, manejada por una circunstancial mayoría de derecha, aprobó en primera discusión un proyecto de ley, que manipula el concepto de propiedad, en un intento de favorecer el acceso de la banca privada a la especulación con más de un millón de viviendas construidas por la GMVV y de otros complejos habitacionales desarrollados por el Gobierno Nacional, cuya apropiación está garantizada por varios instrumentos legales que defienden el derecho de propiedad familiar y multifamiliar de estas unidades habitacionales.