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Los jefes de Estado, Primeros Ministros y cancilleres de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), manifestaron este martes su compromiso y apoyo irrestricto con Venezuela en la búsqueda de los mecanismos de diálogo con el gobierno de los Estado Unidos para que cesen las agresiones contra el país suramericano.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue el encargado de leer las conclusiones impulsadas por los 11 países que integran la Alba, donde destacaron el profundo rechazo de las medidas tomadas por el presidente Barack Obama el pasado 9 de marzo contra la Patria de Bolívar ya que la misma socava la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular el principio de no intervención.
Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Venezuela, son los países latino-caribeños que integran la alianza creada por los comandantes revolucionarios Hugo Chávez y Fidel Castro en 2004, bajo los principios de la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación.
El Alba-TCP es uno de los bloques regionales de la unidad latinoamericana y caribeña, al que se han sumado otros organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE ALBA – TCP
1.- Declaramos nuestro rechazo a la orden ejecutiva emitida el 9 de marzo de 2015 por el gobierno de EEUU sobre la base de que esta orden Ejecutiva es injustificada e injusta, que constituye una amenaza de interferencia contra el principio de soberanía y no intervención en los asuntos internos de los Estados.
2.-Nuestro compromiso con la aplicación del derecho internacional, la resolución pacifica de los conflictos y los principios de no intervención y llamar a los gobiernos a actuar en el marco de los principios universales y la carta de las Naciones Unidas, en particular la necesidad y la disposición de los gobiernos de abstenerse del uso de recursos coercitivos unilaterales que violen el derecho internacional
3.- Nuestra solicitud soberana y sincera al gobierno de EEUU para acoger y establecer un diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la confrontación fundamentado en el respeto permanente de la soberanía y la autodeterminación delos pueblos de los estados y naciones independientes.
4.- Nuestra propuesta de conformar un grupo de facilitares de nuestro hemisferio y sus instituciones Celac, Unasur, Alba-Tcp para facilitar una diplomacia de compromiso entre los gobiernos de EE. UU. y la República Bolivariana de Venezuela para aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable.
En tal sentido, decidimos:
1. Ratificar nuestro compromiso y apoyo irrestricto con la hermana República Bolivariana de Venezuela, en la búsqueda de los mecanismos de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos, para que cesen las agresiones de este gobierno contra Venezuela.
2. Reafirmar que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, donde las naciones impulsan procesos de integración y relaciones de amistad, con el fin de seguir garantizando la mayor suma de felicidad para nuestros pueblos.
3. Enfatizar que la hermana República Bolivariana de Venezuela no representa amenaza para ningún país, siendo una nación solidaria que ha demostrado su voluntad de cooperación con los Pueblos y Gobiernos de toda la región, convirtiéndose en garantía para la Paz Social y la estabilidad en nuestro continente.
4. Exigir al Gobierno de los Estados Unidos que cese de inmediato el hostigamiento y agresión contra el Gobierno y pueblo venezolanos, por cuanto dicha política alienta la desestabilización y uso de la violencia por parte de sectores de la oposición venezolana.
5. Resaltar que la Orden Ejecutiva aprobada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desconoce flagrantemente la «Declaración de Solidaridad y Respaldo a la Institucionalidad Democrática, al Diálogo y la Paz en la República Bolivariana de Venezuela» aprobada por el Consejo Permanente de la OEA el 7 marzo de 2014.
6. Denunciar la feroz campaña mediática internacional contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su gobierno, encaminada a desacreditar la Revolución Bolivariana, intentando crear las condiciones para una intervención de mayor escala y ajena a la solución pacífica de las diferencias.
7. Reiterar el más firme respaldo al gobierno democráticamente electo y legítimo de la presidenta de la hermana República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, contribuyendo al fortalecimiento y consolidación de los valores y principios democráticos, de la libertad y solidaridad en Nuestra América.
8. Manifestar las más profundas palabras de solidaridad y apoyo con la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y demás funcionarios de su gobierno, quienes están siendo sometidos a una campaña de desprestigio personal e institucional por parte de sectores de la derecha política y mediática de su país, a la vez de ser agredidos por los fondos buitres y el capital financiero internacional.
9. Saludar el diálogo constructivo sostenido en la XX Reunión de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), realizada en Antigua-Guatemala el pasado 10 de marzo de 2015, acerca de la desproporcionada Orden Ejecutiva firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, contra la República Bolivariana de Venezuela.
10. Instruir a los Embajadores de los países miembros del ALBA – TCP en todo el Mundo, a desarrollar una campaña de información y difusión, acerca de la verdad sobre lo que ocurre en Venezuela, y las amenazas que sobre ella y la región se ciernen.
11. Exhortar a los movimientos sociales, obreros, estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres, a movilizarse de manera permanente y a mantenerse en vigilia para informar al Mundo entero y a los Pueblos de nuestra América, que Venezuela y el Gobierno legítimo del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, no están solos y que los Pueblos del Mundo rechazan de manera categórica esta nueva intervención imperial en la Patria grande, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para la Paz y la estabilidad de la región.
12. Reafirmar que el ALBA-TCP continuará promoviendo la unidad, integración, solidaridad, convivencia pacífica como expresión del ideal y compromiso latinoamericano y caribeño por la construcción de una región y un mundo de paz, como base fundamental para consolidar las relaciones entre los pueblos.
Además, declaramos y reiteramos, en el contexto de un compromiso eficaz de no confrontación, nuestro respaldo a la «Carta al Pueblo de los Estados Unidos de América: Venezuela no es una amenaza», emitida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en particular en lo que se refiere a los siguientes aspectos:
a) El compromiso de Venezuela con la libertad, la independencia y el multilateralismo.
b) La creencia fundamental de Venezuela en la paz, la soberanía nacional y el derecho internacional.
c) La realidad de Venezuela como una sociedad abierta y democrática de acuerdo a su Constitución y las aspiraciones de su pueblo.
d) La amistad de larga data de Venezuela con el pueblo de Estados Unidos.
e) La acción falsa e injusta, unilateral y desproporcionada en los términos de la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos de América mediante la cual se declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de América.
f) La declaración por parte de Venezuela del carácter sagrado de su soberanía.
En consecuencia, nosotros, los líderes del ALBA-TCP, nos solidarizamos con Venezuela. Conocemos nuestras libertades fundamentales y hacemos valer nuestros derechos. Respaldamos inequívocamente a Venezuela en la defensa de su soberanía e independencia y el hecho de que lo haga de pie y no de rodillas.
En este sentido, solicitamos al Gobierno de Estados Unidos de América, y específicamente al Presidente, Barack Obama, derogar la Orden Ejecutiva aprobada el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
Adoptada en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 17 de marzo del 2015.