La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló de manera unánime la segunda inhabilitación disciplinaria emitida por la Procuraduría General en contra de la defensora de los derechos humanos colombiana Piedad Córdoba.
La excongresista había sido inhabilitada por un período de 14 años para ejercer cargos públicos por «participación indebida en política».
Con esta decisión, Córdoba puede regresar al ejercicio de la política porque le fueron revocadas las dos sanciones que el procurador Alejandro Ordóñez le había impuesto: una por la llamada «Farcpolítica» y otra por supuestas irregularidades en el Partido Liberal.
En la decisión judicial se señaló que el Ministerio Público no valoró los elementos materiales probatorios presentados por la defensa de la excongresista, quien fue sancionada por entregar 25 millones de pesos para financiar la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes.
Córdoba fue sancionada disciplinariamente por el Ministerio Público por «colaborar y promover la guerrilla de las FARC», esto con base en la información encontrada en los computadores hallados en el campamento de «Raúl Reyes» cuando fue bombardeado.
La Corte Constitucional valoró las pruebas presentadas por la Procuraduría y dijo que eran legales, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto, por lo que no había forma de garantizar que lo hallado en él fuera verdad.