Autoridades del Gobierno Boliviano y los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) alcanzaron el domingo en media jornada de diálogo los primeros tres acuerdos sobre el complejo hidroeléctrico río Yura, la planta hidroeléctrica Supay Chaca río Pilcomayo y el proyecto de energía geotérmica en la laguna Colorada, de los 26 puntos del pliego petitorio regional.
En el marco del diálogo instalado cerca a las 10h00 en el Fondo Nacional de Desarrollo (FNDR), los ministros de la Presidencia, de Gobierno y de Obras Públicas, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Milton Claros, respectivamente, además de la viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez, acordaron como primer punto una nueva reunión dentro de 48 horas para verificar la factibilidad de los proyectos sobre el complejo hidroeléctrico del río Yura.
Asimismo, el Gobierno planteó la conformación de un equipo interinstitucional para conocer a detalle los proyectos propuestos sobre el río Yura y definir la corresponsabilidad del financiamiento entre el nivel central, departamental o municipal.
El segundo punto acordado entre el Gobierno y Comcipo es una reunión el 30 de julio próximo en Potosí, para analizar ahí la factibilidad de la implementación de la planta hidroeléctrica Supay Chaca río Pilcomayo.
Al respecto, la viceministra explicó que el proyecto de la planta hidroeléctrica está pasando por un estudio técnico de factibilidad, porque Comcipo sólo presentó un perfil del proyecto.
El tercer punto pactado en más de dos horas y media se refiere al proyecto de energía geotérmica en la laguna Colorada, posteriormente se determinó un cuarto intermedio hasta las 14h30 para analizar el siguiente tema referido a la generación de energía eólica.
CONTEXTO
El Gobierno y Comcipo reinstalaron el diálogo para debatir el pliego petitorio de 26 puntos y así poner fin al conflicto que se inició hace 20 días por la ejecución de proyectos productivos y de infraestructura en Potosí, que mantiene en vilo a 2 de las 9 ciudades de Bolivia y afectada por coletazos la mayor de las restantes 7.
Tras dos semanas de manifestaciones violentas que remataron con ataques con explosivo a instalaciones gubernamentales y hasta a una embajada, siempre territorio extranjero, por parte del Comcipo, las partes se encontraron finalmente el sábado y hablaron, en principio con las rispideces propias de la antesala de una negociación que gana bonos y posiciones y que devuelva el país a la normalidad plena.
El tratamiento del pliego, tema de fondo de la reivindicación, quedó relegado por la condición indoblegable interpuesta por el Comcipo que demandó la liberación de 3 mineros, encarcelados por dinamitar sin embozo instalaciones estatales y un disqué periodista coludido con los primeros que la juez Lía Cardozo mandó a encerrar por incurrir en acciones criminales al tratar con ruindad extrema no sólo el Ministerio de Gobierno, en el centro de La Paz, sino también la Embajada de Alemania que prendió fuego, así como jardineras y arboledas aledañas al suburbio de San Jorge, donde se asienta la mayor parte de las oficinas del cuerpo diplomático acreditado en el país, tratado a dinamitazos.
De la instalación de una audiencia en la que la Juez pueda valorar la probabilidad legal de que los 4 recuperen su libertad, pendía el tratamiento del pliego de 26 puntos, 14 de los cuales son de tuición municipal y de la Gobernación locales.
Un dirigente del Comcipo, Miguel Pérez, dijo que si no se liberaban a sus 4 compañeros de protesta «no podemos estar en esta negociación», mientras que el senador por Potosí, René Joaquino, alentaba la esperanza que Cardozo encuentre el camino legar para devolverlos a las calles de La Paz.
Un conciliador ministro de Gobierno, Carlos Romero, que precisó al líder del Comcipo, Johnny Llally, más de su perfil de político que de cívico, comprometió la palabra del Gobierno para presenciar la audiencia judicial en que se tendría que liberar a los mineros y el disqué periodista.
«Estaremos en la audiencia; no nos comprometemos al recurso que ustedes plateen», dijo Romero, mientras un equipo de asesores del Comcipo proponía evocar el principio de excepcionalidad para convocar la audiencia judicial.
En el ataque con dinamita del miércoles al Ministerio de Gobierno los ministros, que esperaban a Llally y sus huestes para conversar, debieron poner a salvo sus vidas deslizándose por el tejado hasta alcanzar lugares seguros de la furia de los mineros privados armados con dinamita.
El diálogo se instaló finalmente el sábado por la tarde después de una previa entre el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y Llally, y horas más tarde que operadores del Comcipo volaran una torre de energía eléctrica lo que hizo caer el fluido y dejó en tinieblas la ciudad de Potosí, de 300.000 habitantes, la noche del viernes al sábado.
Consecuencia de lo que se presume un plan de atemorización de la población de Potosí, estrangulada hace poco más de 3 semanas por una paro decretado por el Comcipo, que consiste en cerrar todos los accesos vehiculares de la ciudad e, incluso, con medidas de hecho contra quienes intenten vulnerarlo, una serie de versiones coparon las redes sociales y propagaron la versión que la urbe se encontraba situada por turbas campesinas.
Las fogatas en las calles, las vigilias en las puertas de las casas y una suerte de movilización general, estampa de una crisis surrealista, preambularon el diálogo del sábado por la tarde.
En el recuento inicial, Quintana y más tarde su colega de Gobierno, Romero, pidieron a Llally liberar Potosí, en el borde del desabastecimiento y privada de su mayor fuente de ingresos, el turismo, que salió de huidas la primera semana de la violenta reivindicación, del dogal a que es sometida desde principios de julio.
Por medio de ambas autoridades el gobierno de Morales demandó, asimismo, reconocer con honestidad que Potosí es ahora el departamento más vertebrado de Bolivia y donde el gobierno ha dirigido la segunda mayor inversión pública de la gestión desde 2006, poco menos de 700 millones de dólares para despegar la industria del litio.
En la jurisdicción de Potosí, Uyuni, en cuyo salar se halla la primera reserva mundial de litio, llamado a convertirse en el combustible mineral no pesado del futuro inmediato, la administración Morales ha construido un aeropuerto internacional y potenciado el turismo de primera clase, hasta encaminarlo como el principal destino mundial de Bolivia.
El Gobierno pidió al Comcipo reconocer que desde que Morales se puso al timón del Estado, Potosí triplicó sus ingresos.
Sin admitir ni siquiera de forma tácita la gestión del Gobierno en Potosí, el Comcipo pide la construcciòn de un aeropuerto internacional y la instalación de una fábrica de cemento en lugar remoto cerca de una canteras de sílice, entre otros 24 tópicos.