De nuevo Venezuela fue tema en las audiencias periódicas que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, sede de la OEA. Allí se desarrollaron cuatro audiencias centradas en temas de derechos civiles y sociales, durante las que las habituales ONG de la derecha venezolana, usuarias y lobistas permanentes en esa instancia, se explayaron en denuncias de toda naturaleza.
A pesar de los retrasos generados en la entrega de las visas por parte del Gobierno de Estados Unidos, lo cual provocó que la delegación oficial del Estado venezolano no pudiese viajar, eso no impidió que la representación gubernamental (en la persona del Embajador ante la OEA y el Secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos), diera la cara en esta instancia.
El espacio que genera el sistema interamericano de DDHH, tanto en la Comisión como en la Corte (esta última ya sin competencia sobre casos venezolanos desde el año 2013) se ha caracterizado en los últimos 15 años por su marcada animadversión contra nuestro país y por una clara parcialidad política que logró su culmen en el contexto del golpe de Estado del año 2002. Para nadie es un secreto que un sistema asentado en la estructura del “ministerio de colonias” (como definió muy bien Fidel Castro a la OEA) mal puede representar un espacio independiente y objetivo para evaluar la situación de nuestros países latinoamericanos y caribeños.
Incluso, reconocidas organizaciones de derechos humanos, como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ya habían planteado desde el año 1996 propuestas para hacer el sistema interamericano de derechos humanos más justo y accesible a las víctimas y menos discrecional y parcializado, destacando entre esas propuestas la necesidad de las víctimas de poder acceder directamente a la Corte sin pasar por el filtro político de la Comisión Interamericana y su Secretaría, para lo cual la Corte debería tener una Sala de Cuestiones Preliminares y una Sala de Apelaciones en caso de sentencias controvertidas.
También se ha denunciado en reiteradas ocasiones que los informes sobre países que realiza la CIDH carecen de equidad, objetividad, rigurosidad científica y académica, estando profundamente marcados por parcializaciones políticas y tutelados por la injerencia del Gobierno de EEUU.
Sigue más vigente que nunca la idea de construir un sistema independiente de protección de DDHH, nuestroamericano, como lo han planteado importantes líderes de la región.