El integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Aldemaro Barrios, destacó este lunes que hasta la fecha existen más de 1.600 denuncias registradas por violación a los derechos humanos durante el período de 1958 hasta 1998.
“Hay un estimado de más de 1.600 denuncias registradas hasta el momento entre torturas, desapariciones, asesinatos y homicidios hechos por funcionarios policiales o militares”, aseguró.
Entrevistado en el programa Contragolpe, Barrios señaló que en la actualidad se están procesando 145 casos gracias a los trabajos de la Comisión donde existen suficientes evidencias para una investigación judicial.
El también coordinador del proyecto Memorias de la Insurgencia, indicó que existe una responsabilidad evidente de los cuerpos de seguridad pero también política de la época.
“La intervención que hizo el gobierno de Luis Herrera Campins en la Masacre de Cantaura era del conocimiento de ellos, decir que no conocían ni sabían nada de eso, bueno tendrán que demostrarlo porque hay documentos que permiten entender eso”, explicó.
Aseguró que en los archivos de la Asamblea Nacional (AN) existen suficientes elemento que pueden ser útiles a la hora de construir una memoria histórica para señalar responsabilidades intelectuales y políticas, “empezando por los Presidentes, Ministros y Jefes de las policías”.
INVESTIGARÁN EXPEDIENTES MILITARES
Barrios reiteró que el gobierno revolucionario ha conjugado una serie de esfuerzos para recuperar la memoria y dar justicia a aquellos familiares de las víctimas que fueron callados durante 40 años. En ese sentido, se refirió a que próximamente un grupo de la Comisión por la Justicia y la Verdad tendrán acceso a expedientes de la Corte Marcial Militar.
“La unidad criminalística de la Fiscalía conjuntamente con los técnicos del Archivo Nacional de la nación están trabajando en asegurar el espacio para que las personas que entremos en esos sitios a buscar la información tengamos seguridad porque son archivos que tienen más de 40 años y tienen esporas”, detalló.
Precisó que esta semana concluyen esos estudios y luego se procederá a la desinfección a los archivos de los tribunales militares, los cuales a su criterio “son documentos secretos (…) que pueden generar acusaciones para un juicio”.