Columna el sur también existe|El cuerpo como sanción (Opinión)

Hace dos años, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la cual es uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en la región para garantizar el respeto a los Derechos Humanos. Estos suelen ser prácticas propias en el ejercicio del poder contra alguien que no posee las condiciones para defenderse.

El rol del maltratador es dejar una huella, una lección que marque a la víctima para que “aprenda” el modelo de conducta que éste espera de ella. Tanto en la esfera privada como en la pública, esto ha sido así. Las prácticas de torturas empleadas tanto en Venezuela durante la IV República, como en otros países del mundo, buscan dejar constancia de lo que sucede cuando no se sigue el orden impuesto.

El cuerpo se traduce entonces en un recipiente, un libro en el que se escribe el castigo. En la vida íntima, cuando se cometen actos de violencia familiar o de pareja, se busca establecer los mecanismos de control para que la otra/el otro actúe en función de las expectativas que tiene el victimario.

En el caso de la violación a los DDHH sucede igual cuando un individuo o grupo constituye una eventual amenaza (física o moral) hay que anularlo, aniquilando el cuerpo como portador de sentido, tal como sucedió con las víctimas de los gobiernos de derecha en Venezuela y las dictaduras del Cono Sur, que cometieron terribles crímenes contra los Derechos Humanos de dirigentes o simpatizantes de izquierda.

Esta ley “…tiene por objeto la prevención, tipificación y sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la reparación a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos”, como lo expresa en su Artículo 1 y se basa, según su Artículo 2, en el desarrollo de “…los principios constitucionales sobre el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral”.

La norma venezolana nos brinda herramientas para enfrentar cualquier acción de violencia contra la persona, el problema es el desconocimiento del ciudadano común de las leyes que nos protegen.

T/Ramón Alirio Contreras