Durante los últimos años en Colombia, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, distintos sectores de las filas militares asesinaron a sangre fría a campesinos indefensos, jóvenes parados a los que se engañaba con promesas de trabajo e, incluso, a personas con discapacidad, para disfrazarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate con objeto de inflar la cifra de “positivos” en la acción militar y obtener recompensas y premios.
A medida que familiares, organizaciones de Derechos Humanos y algunas instancias internacionales empezaron a denunciar esta práctica –negada en principio de forma vehemente por el Presidente Uribe- más de 3.500 militares han sido detenidos y procesados por el asesinato de más de 6.000 inocentes a los que se pretendió presentar falsamente como guerrilleros.
Se empezó encausando a soldados y suboficiales, luego se llegó a más de una docena de coroneles; hasta que, por primera vez, un juzgado de Yopal (región de Casanare) ha detenido y procesado a un general, Henry Torres Escalante, que comandaba la 16 Brigada del Ejército en la región cuando se produjo el asesinato de dos campesinos de 16 y 38 años, con cuyas muertes, según el sumario, se trataba de silenciar a otros campesinos que habían presenciado y denunciado múltiples ejecuciones cometidas por militares en la zona. En total, hasta 85 asesinatos han sido investigados con testimonios e inspecciones.
Uno de los testimonios que han sido claves para apresar al General Torres fue el de su subordinado, el teniente Marco Fabián García, ya condenado a 22 años. Según ha declarado, el General “siempre estuvo al tanto de las operaciones y de los casos que se presentaban…”, lo que ha llevado a la Fiscalía a sostener que no existe duda de que Torres “participó en todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en la fase posterior”.
La detención y proceso del primer General encausado como criminal ha sacado a la luz otros 16 casos de generales que la Fiscalía tiene bajo investigación, de los que el más destacado es el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército durante el Gobierno de Uribe.
La primera línea de defensa del General Henry Torres ha sido que ignoraba lo que hacían sus subordinados, lo que contradice múltiples pruebas y testimonios. En todo caso, ha levantado una polémica que afecta a un buen número de generales, retirados y en activo, y que ha repercutido en la revisión de atrocidades militares en otros lugares de Sudamérica: ¿Hasta dónde deben responder los altos mandos militares por lo que hagan sus subalternos?
La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que sigue de cerca el asunto de los “falsos positivos” colombianos, acaba de recordar que, según el artículo 28 del Estatuto de Roma: “La responsabilidad de mando es un concepto jurídico de gran alcance en virtud del cual puede responsabilizarse a un comandante de delito no cometido por él, sino por sus subordinados (…) el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos bajo su mando y control efectivo, o su autoridad, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”.