La Fiscalía logró condena para la cónyuge del diputado opositor de UNT, por haber incurrido en actos de corrupción en la contratación de obras durante mandato de Manuel Rosales, quien autorizó el pago total pese a que nunca se construyeron.
Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenada a tres años de prisión Ilze Perozo de Montoya (53), esposa del diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, tras admitir haber incurrido en actos de corrupción, a través de la construcción de obras de la Gobernación del estado Zulia.
En la audiencia preliminar, los fiscales 26º y auxiliar del estado Zulia, Enis Tarrifa y Gherardine Andrade, respectivamente, ratificaron la acusación contra Perozo de Montoya por la comisión del delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, previsto y sancionado en la Ley contra la Corrupción.
Las irregularidades fueron denunciadas ante el Ministerio Público el 8 de julio de 2009.
La mujer del parlamentario admitió posteriormente el 6 de noviembre de 2012 ante el juez del tribunal de control número 3, Detman Mirabal, los 4 delitos por los que era acusada: Enriquecimiento Derivado del Despilfarro, Pagos Fraudulentos y Certificaciones Falsas, así como de Aprovechamiento de Fondos Públicos y de Asociación para Delinquir.
Su confesión le permitió una condena a tres años de prisión, al pago de 200 millones de bolívares fuertes, a presentarse cada 15 antes ante el tribunal, a depositar una fianza, el embargo de sus cuentas bancarias y propiedades a su nombre y a no abandonar el país.
La admisión de los delitos por los que era acusada la esposa del diputado del partido opositor Un Nuevo Tiempo, según los expertos, fue una declaración de reconocimiento de su implicación en delitos de corrupción.
La investigación realizada por el Ministerio Público del «caso Consperca» dio origen a la imputación de Ilze Perozo, así como a la de Lisandro Montoya hermano del diputado opositor y el hermano de la acusada, José Arrieta Perozo.
Luego de la admisión de hechos por parte de la cónyuge del parlamentario zuliano, el Tribunal 3º de Control del Zulia dictó la referida sentencia condenatoria, la cual cumplirá de acuerdo a lo que determine el respectivo tribunal de ejecución.
Por este caso, se encuentran también acusados el ingeniero inspector de obras de la Gobernación del estado Zulia, Marcos Zuleta; y un ingeniero residente de la empresa Consperca, Raúl Boscán, por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y obtención ilegal de utilidades de actos administrativos.
Mientras tanto las cuentas bancarias de la empresa Consperca continúan inmovilizadas hasta que culmine el juicio de los otros dos acusados.
OBRAS COBRADAS SIN CONSTRUIR
La esposa del diputado, dueña de la empresa Consperca, formalizó tres contratos con la Gobernación del estado Zulia. El primero de ellos contemplaba la construcción del Ateneo del municipio San Francisco; el segundo referido a la edificación del auditorio y del módulo administrativo del mencionado ateneo y el tercero, relacionado con la rehabilitación del Centro Cultural de San Francisco.
La Gobernación del Zulia pagó casi cinco millones de bolívares fuertes a Construcciones Consperca por las tres obras no realizadas o inconclusas, a través de la supuesta valuación fraudulenta de esos trabajos.
Las denuncias realizadas por el diputado José Luis Acosta y varios concejales de ese municipio develaron que Julio Montoya, cuando era asesor tecnopolítico de la Secretaría de Infraestructuras, organismo regional dependiente la Gobernación, presuntamente consiguió recursos económicos por un importe de 3.952.115 bolívares fuertes para realizar esas obras en San Francisco.
El 8 de julio de 2009, el ingeniero Boscán denunció ante el Ministerio Público, luego de haber terminado su relación laboral con la empresa Consperca, que Perozo de Montoya falsificó su firma para poder cobrar una de las mencionadas obras, sin embargo, la investigación arrojó que la rúbrica si fue realizada por el hoy acusado .
No obstante, la investigación también determinó que las tres construcciones fueron pagadas en su totalidad a Perozo de Montoya por parte de la Gobernación del estado Zulia, pese a que no cumplió con la culminación de las obras.