Pretender obligar al Estado venezolano a renovar la concesión a RCTV sería ir contra la soberanía de Venezuela, porque en ese caso se actuó legalmente y la decisión no
amerita ninguna sanción. Esa es la convicción de Germán Saltrón, Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, quien le salió al paso a la denuncia por la supuesta violación al debido proceso administrativo mediante la no renovación de la concesión a RCTV, que fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista concedida al Correo del Orinoco, explicó que “este caso es muy grave porque se alegan que el Estado venezolano le causó daño a los dueños, a los accionistas y a los periodistas por cuanto al retirarles la concesión les violó el derecho a la libertad de expresión. Nosotros hemos contestado, como siempre, que no se negó la concesión sino que no se renovó la concesión a RCTV y que dicha decisión es una potestad del Estado, puesto que administra la frecuencia radioeléctrica”.
Enfatizó que el Estado no puede violar la Constitución Nacional y que “si le renovamos la concesión a RCTV, habría que otorgarles la renovación a las otras empresas de comunicación a las que tampoco se les renovó”.
El funcionario resaltó que en su momento el presidente Hugo Chávez fue contundente en este sentido, y que el canciller de la República, Elías Jaua, ahora reitera esa posición al advertir que Venezuela no respetará decisiones de ningún organismo internacional que vaya en contra de lo establecido en la Constitución Nacional.
-¿Cuál es el estatus actual de Venezuela ante la CIDH?
-Venezuela todavía pertenece a la CIDH. La misma fue creada por la OEA y mientras nosotros estemos dentro de este organismo estamos obligados a cumplir. Aunque esto es relativo, porque Cuba fue expulsada de la OEA en 1962 y sin embargo la CIDH recibe denuncias contra contra la isla caribeña y elabora informes de derechos humanos al respecto.
-¿Para cuándo está prevista la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-Nosotros hemos denunciado ante la Convención Americana para salirnos de la CorteIDH. Existe un plazo de un año que vence el próximo 6 de septiembre de 2013, a partir de ese momento ya no se podrá llevar casos denunciando a Venezuela, porque dejaremos de pertenecer a esa instancia.
-¿A dónde podrán acudir las personas a presentar sus denuncias?
-Las venezolanas y los venezolanos luego de agotar los recursos en el país podrán introducir las denuncias sobre derechos humanos ante la ONU, que se rige por el derecho internacional. La OEA se rige por el derecho regional. No vamos a quedar desprotegidos ante organismos internacionales.
Saltrón subrayó que “nosotros nos regimos por la mejor Constitución del mundo, es la más completa en derechos humanos, ya que garantiza los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La mayoría de las Cartas Magnas no contemplan esos derechos; solamente tocan los civiles y políticos. También les garantizamos los derechos a los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente y la paz”.
Al referirse a la actuación de la CIDH y de la CorteIDH, recordó los casos ocurridos en la Cuarta República durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei, cuando se violaron los derechos humanos a miles de presos políticos, desaparecidos y personas torturadas. Recordó la violación a la inmunidad parlamentaria de los senadores y diputados del Partido Comunista y los allanamientos de las universidades, en especial el cierre de la Universidad Central de Venezuela por un año. Mencionó la manera como eran reprimidas las manifestaciones: “a balas, por eso dejaban un saldo de algunos muertos”.
-¿A su parecer, cuál ha sido la violación más grave a derechos humanos el país?
-Sin duda el delito más grave en derechos humanos fue El Caracazo, ese 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo salió a protestar un paquete neoliberal, aplicado durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, al aumentar las tarifas de los servicios públicos y la gasolina, y dejar sin efecto el control de precio. Al producirse las protestas, Pérez lo que hizo fue sacar al Ejército Nacional a reprimir y agredir al pueblo, hubo más de mil muertos y sólo reconoció 269, centenares de heridos.
“Esa violación no fue llevada por nadie a la CIDH, sino hasta 1993 por Liliana Ortega, quien tuvo que crear una ONG llamada Cofavit, con los familiares de las víctimas”, prosiguió, y reveló que el caso fue engavetado por un venezolano: “En la presidencia de la CIDH estaba un venezolano, Marco Tulio Bruni Celli (dirigente de AD), quien archivó el expediente y no hubo investigación. Lo volvieron a activar en 1999, cuando llegó a la presidencia de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien reconoció la responsabilidad del Estado venezolano”.
“Así podemos ver la doble moral, primero de las cinco ONG que había en aquel momento, ninguna se atrevió a presentar el caso y a la que se atrevió se lo archivaron. Nadie se ocupó de los desaparecidos, los muertos y los torturados. Pero en cuanto Hugo Chávez llega a la Presidencia de la República en 1999 comienzan las denuncias -infundadas la mayoría de ellas- de que no existe libertad de expresión, que se tortura gente, el no respeto al debido proceso y que hay fraudes”, remarcó.
En resumen, Saltrón apuntó que en 40 años, solo tres denuncias fueron presentadas ante la CIDH como violación de derechos humanos del Estado venezolano, que solamente fue sentenciado por la CorteIDH por el caso de El Amparo. Pero a la llegada del presidente Chávez “desde 1999 hasta los momentos se han presentado más de 132 denuncias y la CIDH ha emitido más de 64 casos, y la CorteIDH ha procesado 15 expedientes contra Venezuela”.
Insistió en resaltar la doble moral que evidencia estos hechos: “Antes cuando se violaban los derechos humanos no habían denuncias, ahora que se respetan, vemos cómo las distintas ONG’S, que están pagadas en dólares acuden masivamente a introducir denuncias infundadas ante la CIDH y la CorteIDH”.
-Entonces, de acuerdo con su planteamiento, ¿diría que la CorteIDH actúa políticamente de forma abierta?
-Por supuesto, la CorteIDH actúa políticamente y lo demostró el 11 de abril de 2002. La OEA y la CIDH condenaron el Golpe de Estado el 13 de abril, cuando por la acción del pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se había recobrado Miraflores y estábamos esperando que el presidente Hugo Chávez, saliera en libertad. Fue en ese momento que se pronunciaron en contra.
-¿Las ONG’S no se pronunciaron contra el golpe de Estado?
-Ese fue otro aspecto negativo, ninguna ONG venezolana condenó el golpe de Estado del 11 de abril. La única fue una ONG colombiana llamada Minga, que se ocupa de proteger a los indígenas, que solicitó una medida cautelar para proteger la vida del mandatario venezolano. La CIDH la admitió, pero en lugar de activarla de manera inmediata, puesto que la vida del presidente Chávez corría peligro, solo se limitó a enviarle una comunicación al supuesto ministro de Relaciones Exteriores, José Rodríguez Iturbe, quien no llegó a juramentarse porque ya se había recuperado el hilo constitucional.
La negación de esa medida cautelar “es la actitud que le hemos criticado a la CIDH, es el motivo por el cual nosotros no permitimos que nos visiten. El Estado venezolano exige se presenten excusas por su indebida actuación el 13 de abril por no haber otorgado de inmediato las medidas cautelares, y en ningún momento han querido disculparse. Esa es la verdadera razón por la que no les permitimos la entrada a Venezuela”.
Para apoyar esta afirmación, Saltrón mostró una comunicación enviada por el CIDH a las “temporalísimas” autoridades venezolanas de entonces con fecha del 13 de abril de 2002: “En ese escrito se pone de manifiesto el apoyo de la CIDH al golpe de Estado, sabían quién era el ministro de Relaciones Exteriores al que le dan un tratamiento de Excelentísimo, dándole tres días para que informara sobre la situación del ‘señor’ Hugo Chávez, es decir, en el comunicado ya no lo trataban como Presidente. Todas estas acciones demuestran que esos organismos internacionales están bajo el dominio de Estados Unidos y Canadá”.
ES HOSTIL CON VENEZUELA
Saltrón sostuvo que la misma actitud asumida durante el golpe de Estado de 2002 prevaleció en el caso de los hechos de violencia desatados el 15 de abril a raíz del desconocimiento de los resultados electorales por parte de Henrique Capriles. Ante “los desmanes y ataques a escala nacional contra los CDI, las sedes del PSUV”, “los motines, el cierre de las avenidas y el asesinato de personas, se han contabilizado 11 muertos por la actitud violenta de los seguidores de la oposición” nadie presenta denuncias.
Por el contrario, apuntó, “la CIDH emitió un comunicado contra Venezuela, responsabilizando al Gobierno Nacional y señalando que debe respetar la vida de los ciudadanos, pero nada sobre la actitud violenta de los partidarios de la oposición y la responsabilidad del propio excandidato presidencial Henrique Capriles, al convocar a sus seguidores a protestar de forma violenta en las calles del país”.
“Sin duda, esta actitud demuestra una vez más la parcialidad de la CIDH, porque no solo deben solicitar al Estado venezolano que garantice la seguridad, también deben requerir a la oposición golpista adoptar un comportamiento cívico, porque en Venezuela existe el derecho a la protesta, pero de manera pacífica, sin armas. La oposición salió violentamente, armada, y asesinó a varios venezolanos. También deberían recibir el repudio de la CIDH”, aseveró.
Con bese en estos argumentos, Germán Saltrón reivindicó el derecho a no acpetar que la CIDH continúe pronunciándose sobre Venezuela, “porque está más que demostrada su parcializada actitud para con el Gobierno venezolano, que no permitirá la aplicación de decisiones internacionales que violen la Carta Magna”.
La CIDH y la Corte IDH ratificó, deberían actuar de manera imparcial y dejar de ser instrumentos de los EEUU. Incluso, debería exigirle a esta nación el cumplimento del respeto a los derechos humanos “por ejemplo, el bloqueo económico de más de 50 años contra Cuba”.
ES UN ORGANISMO PARCIALIZADO AL SERVICIO DE EE.UU.
Germán Saltrón considera que la CIDH y la Corte IDH actúan como instrumentos de los EEUU, y señala que su actuación en América Latina, no solo en relación con Venezuela sino con otros países como Brasil, Ecuador y Bolivia, pone esto en evidencia.
En ese sentido, hizo referencia a la II Conferencia de Cancilleres de América efectuada el pasado martes 14 en Cochabamba, Bolivia, donde se discutió la reorientación del trabajo de la CIDH y el cambio de sede de la misma. Varios países han planteado que la casa matriz del organismo debería estar en país miembro.
Sobre la dinámica de la CIDH, explicó que en primer lugar analiza el proceso, instruye la causa, recibe la información del denunciante y decide si existe o no violación a los derechos. Elabora unas recomendaciones al Estado en cuestión para su cumplimiento, de negarse, presentan una denuncia ante la CorteIDH que es el verdadero tribunal de la citada comisión.
En cuanto al origen de la CorteIDH, recordó que nació de la Convención Americana de Derechos Humanos o del Pacto de San José. Ahora bien, para que un Estado esté sujeto a cumplir ha debido firmar la citada convención. La realidad es que “no todos los 34 países que componen Organización de Estados Americana (OEA) han firmado la Convención Americana. Es el caso de Estados Unidos, Canadá y 6 islas del Caribe, en total 8 naciones que no han rubricado dicho acuerdo. Se plantean rasgos de ilegalidad porque EEUU no puede cumplir funciones en estos organismos, pero no sólo participa sino que financia el 50 % del presupuesto de la OEA, de la CIDH y de la CorteIDH”.
Por esta razón, declaró, “la mayoría de los países soberanos alegan que no debería permitirse que países que no han firmado la Convención pretendan obligar moralmente a los integrantes que si han suscrito ese acuerdo. También refutan que la sede se encuentre en Norteamérica y no en un país miembro”.