El Ejecutivo español ha paralizado la entrega de recursos del Fondo de Liquidez Autonómica, una línea de crédito que es utilizada por el gobierno para las comunidades autónomas necesitadas para evitar que financien su deuda en los mercados internacionales.
El presidente en funciones del gobierno Catalán, Artur Mas, denunció a las autoridades centrales de intervenir en la autonomía regional con la decisión, lo cual calificó de «agresión al Estado de Cataluña» y adelantó la posible presentación de un recurso constitucional.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó a las autoridades catalanas que la presentación de un recurso judicial alargará aún más los plazos del cobro.
De igual manera, justificó las condiciones impuestas con la necesidad de garantizar la transparencia y la legalidad. “El señor Mas no tiene derecho a usar ni un euro en la independencia y lo vamos a controlar”, aseguró en rueda de prensa.
Por otra parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández, advirtió que el gobierno catalán podrá obtener esos recursos financieros si se acoge a las condiciones establecidas y no financia acciones independentistas.
El funcionario gubernamental señaló que la participación en el fondo es voluntaria y el gobierno establece garantías para la utilización de esos recursos extraordinarios en el financiamiento de servicios básicos.
Fernández manifestó que Cataluña no puede acceder a los mercados internacionales porque consta como bono basura por el desgobierno y el despropósito político, en alusión a la declaración independentista aprobada por el Parlamento regional el pasado 9 de noviembre.
Esa decisión supone que el próximo gobierno Catalán (aún por elegir en el parlamento) deberá iniciar el proceso de desconexión de España para declarar la República Catalana en un plazo de 18 meses.
El conflicto político pasó al plano legal, cuando el gobierno central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que al admitirlo a trámite suspendió automáticamente la resolución independentista.
El tribunal tiene ahora un plazo de seis meses para dar su dictamen sobre la legalidad de la resolución separatista del Parlamento catalán.
En Contexto:
El pasado 27 de septiembre los partidos políticos soberanistas alcanzaron la mayoría en las elecciones de la comunidad autónoma, donde obtuvieron 62 de los 165 escaños posibles.
Este 9 de noviembre se sometió a votación en el Parlamento la resolución del proceso independentista de Cataluña, el cual obtuvo 72 votos a favor y 63 en contra.
Está previsto que una vez se promulgue dicha resolución, comience un plazo de 30 días para la tramitación de leyes del proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública.