Personas refugiadas recluidas en campos de contenedores. Es la última imagen con la que amenazaba el gobierno húngaro para poner coto por las malas a los solicitantes de asilo que circularan cerca de sus fronteras. La anterior, una más que cuestionada estampa en torno al referéndum xenófobo suspendido por baja participación. Ahora, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, presenta en el Parlamento una enmienda legislativa que permitirá encerrar temporalmente a los refugiados en centros ubicados en la frontera, que podrían recordar a los CIES de España, en especial al CETI de Melilla.
Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han alzado la voz puesto que la normativa, a falta de pasar la votación parlamentario, viola las normas de la Unión Europea y de la Convención sobre los Refugiados. Además, contribuye a la demonización constante de este colectivo ya de por sí extremadamente vulnerable.
Según Gauri van Gulik, directora adjunta de la organización para Europa, “Con la detención de todos los hombres, mujeres, niños y niñas que buscan asilo y su reclusión durante meses en campos de contenedores, Hungría caerá aún más bajo en su caída en picado en materia de personas refugiadas y solicitantes de asilo”.
De aplicarse esta medida, las personas que actualmente buscan asilo o las que lo hagan en el futuro serán transferidas a esos campos de contenedores en una zona llamada “de tránsito”, cerca de la frontera con Serbia, donde permanecerán recluidas hasta que se procesen sus solicitudes de asilo. Por defecto, los recursos de apelación en materia de solicitud de asilo se llevarán a cabo ante un tribunal mediante videoconferencia, y no en persona.
“Al reformar un montón de leyes para encerrar a todas las personas solicitantes de asilo, el gobierno húngaro causará traumas innecesarios que agravarán el sufrimiento que ya han padecido las personas que buscan protección. El gobierno no ha demostrado en modo alguno que la detención de todas las personas solicitantes de asilo sea razonable, necesaria y proporcionada. La detención siempre debe ser el último recurso y no una reacción inmediata, como en este caso”, ha sostenido Gauri van Gulik.
“Ésta es otra prueba más de que la Unión Europea debe mantenerse firme ante el evidente desprecio de Hungría por la legislación europea y el derecho internacional.”
UNA MEDIDA PARA «REFORZAR FRONTERAS» SEGÚN EL GOBIERNO
La posición del Gobierno, en cambio, basa sus argumentos en que la medida sirve para «reforzar el cierre legal de las fronteras del país», según ha explicado Bence Tuzson, secretario de Estado de Comunicación. Tuzson espera que la ley entre en vigor a finales de la primavera, una vez pasado el trámite parlamentario.
La propuesta modifica cuatro leyes relacionadas con la inmigración y la protección de las fronteras para permitir que todos los solicitantes de asilo que entren en Hungría puedan ser encerrados en centros especiales mientras se tramitan sus peticiones.
«Ni el derecho comunitario, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la legislación húngara permiten la detención en masa de solicitantes de asilo sin un trato personal y sin justificación», ha denunciado la ONG Comité de Helsinki en un comunicado.
Esta organización argumenta que en casos concretos la detención puede estar justificada, pero que su aplicación a colectivos enteros es «un ejemplo de la detención en masa ilícita, algo que ya no existe en Europa desde hace décadas».
El propio primer ministro, el conservador Viktor Orbán, ya reconoció en enero que esta enmienda es contraria a la legislación de la Unión Europea. Según esta normativa comunitaria, sólo se puede impedir el libre movimiento de las personas de forma individual si existe un riesgo probado para la seguridad.
Antes de 2013, cuando llegaban muchos menos refugiados, la detención de refugiados en centros de internamiento era una práctica casi automática en Hungría y sólo terminó por la presión de la Comisión Europea, la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Hasta ahora, los solicitantes de asilo eran trasladados a centros de acogida abiertos, desde donde la mayoría salía para continuar su viaje hacia otros países más ricos de la UE.
Hungría instaló en otoño de 2015 alambradas en sus fronteras del sur para detener el flujo de refugiados, y el Parlamento aprobó leyes que penalizan con hasta 5 años de prisión la entrada ilegal en el país.