Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) publicaron hoy aquí un conjunto de iniciativas en torno al reconocimiento de las víctimas del conflicto. Las cinco anunciadas forman parte de 10 iniciativas que buscan la paz y la reconciliación nacional, afirma el documento divulgado en la web Pueblo colombiano: Pa’ la mesa, del grupo guerrillero.
En su primer punto el texto expresa que la década de 1930 se tomará como punto histórico inicial de referencia, para garantizar los derechos integrales de las víctimas individuales y colectivas del conflicto.
Y a continuación considera inadmisible un límite temporal aleatorio, «tal como el definido por conveniencia política y fiscal en la Ley 1448 de 2011, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras».
Por otra parte, tanto las FARC-EP como el Gobierno de Juan Manuel Santos reconocerán las víctimas teniendo como referencia lo estipulado en la Resolución de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005, sin desentenderse de las particularidades del conflicto colombiano.
En el caso de los combatientes víctimas del aparato represivo estatal y la guerrilla «las Partes se ceñirán a lo establecido en las Convenciones I, II y III de Ginebra y el Protocolo Adicional II, atendiendo el principio de distinción aplicable a conflictos armados no internacionales».
El texto aclara que los beligerantes son víctimas solo en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al Derecho Internacional Humanitario dispensado a los combatientes, y agrega que su tratamiento no será el mismo que el aplicado a la población civil.
Tanto en este como en el punto anterior se tendrán en cuenta las normas de la juridicidad guerrillera como una de las peculiaridades del conflicto en ese país suramericano. Igualmente la delegación de paz de las FARC-EP propuso conformar una «Comisión especial de estudio de la situación de los prisioneros políticos», en tanto los reconoce como víctimas.
La Comisión estará integrada por un representante de organizaciones defensoras de presos políticos, uno de la Fiscalía, otro del Ministerio de Justicia y uno de los presos; además, en no más de 60 días, deberá identificar las víctimas que por razones políticas hayan sido objeto de montajes judiciales por parte del Estado.
En ese mismo marco temporal presentará un informe sobre la situación de derechos humanos de los prisioneros de las FARC-EP y demás fuerzas guerrilleras, añade el comunicado.
Según el mando negociador de la guerrilla las mujeres merecerán un reconocimiento especial, pues representan el sector que más ha padecido los rigores de la guerra y por las situaciones históricas de discriminación y violencia propias del régimen patriarcal.
«En atención a una perspectiva de género, se considerará de igual manera la especificidad de las víctimas de la comunidad LGTBI», concluye el texto.