La Organización de Naciones Unidas (ONU) exige a España que de respuestas ante las presuntas violaciones de derechos humanos que se registran en el poblado chabolista El Gallinero, en el distrito de Villa de Vallecas, a 12 kilómetros del centro de Madrid, capital española.
En total, siete relatores especiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifestaron la necesidad de que el gobierno atienda una serie de quejas que sus funcionarios han recibido, además de los estudios que demuestran la realidad que viven en la zona.
Pese a que los medios españoles se dedican a publicar a diario sobre las condiciones de pobreza o violaciones de los derechos humanos de países latinoamericanos, España no se escapa de esta realidad que es tan grave que la ONU ha tenido que llamar la atención de las autoridades.
Un informe de los relatores destaca que en este población viven varios centenares de personas, buena parte de ellas, menores.
“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, indica una carta enviada por relatores a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que a su vez se las ha remitido a varios ministerios, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.
De acuerdo con los reportes recibidos la policía ha entrado varias veces en los últimos años en el Gallinero a realizar “desalojos de manera violenta y humillante”, durante la noche o justo antes del amanecer, algunos de ellos “sin orden del Ayuntamiento” y sin previo aviso.
Aunado a ello, los ciudadanos viven sin agua potable, ni retretes ni letrinas ni recogida de basura, varios niños fueron ingresados en 2013 y 2014 “debido a diarreas y deshidratación”. Además, aseguran que a varias familias se les ha pedido que pagasen la atención sanitaria a niños en centros hospitalarios.
Con respecto a la educación, los relatores hablan de la discriminación que sufren los muchachos en los centros escolares, entre otras cosas, por el aspecto que provoca la falta de higiene. Asimismo, presentan dificultades para escolarizar a los menores de tres años, lo que les impide acceder a ayudas alimentarias.
“Sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por las condiciones de vida en El Gallinero”, comentan los relatores de la ONU.
Las situaciones que recoge su carta ya fueron denunciadas en un informe de 2014 de la ONG Save the Children y la Universidad Pontificia de Comillas, que también mostraba los problemas de violencia, de alcohol y delincuencia en este asentamiento poblado por rumanos de etnia gitana. Entonces se cifraron sus habitantes en 495 personas, más de la mitad, menores. Ahora, sin embargo, quedan unas 300, según la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Madrid asegura que han hecho un “gran esfuerzo económico y de recursos profesionales y materiales”, de distintas “campañas de limpieza integral” del asentamiento, de intervenciones socioeducativas y de un servicio semanal de atención sanitaria a través de unidades móviles. Sin embargo, denuncias y fotografías del lugar demuestran lo contrario.
En los próximos meses, cuando los relatores tengan su informe, se verá si les han convencido estas explicaciones. Por lo pronto, reprochan la insuficiencia de los programas públicos, en los que además “la intervención social fue relegada a un segundo plano en el referente a los derribos y desalojos”.