La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, informó este miércoles sobre las medidas que se están tomando en torno a diversas denuncias en el manejo de la propaganda política y electoral en medios de comunicación de cara al evento electoral del 6-D en Venezuela.
En ese sentido, indicó que las diferentes organizaciones políticas han mantenido una «evolución positiva» en respetar los tiempos asignados para pautas televisivas. «Hemos podido observar con satisfacción una evolución positiva y la progresiva adecuación a los tiempos permitidos de pauta en televisión”, explicó.
Por otra parte, señaló que el CNE también aprovechó esas reuniones iniciales, “que siempre se dan al inicio de una campaña”, para exponerles a los partidos y agrupaciones con fines políticos, diversos ilícitos en sus productos publicitarios, “como lo son la utilización de niños y niñas, la utilización de símbolos patrios”, sin la debida autorización.
En lo que se refiere al comportamiento de los medios de comunicación, resaltó que han recibido denuncias de una ”censura previa”, por lo que recordó «que no les esta dado (A los medios de comunicación) que hagan esa evaluación previa, para validar el producto que quiere ser pautado».
«Los medios de comunicación están obligados a recibir las pautas, y corresponde al CNE valorar los ilícitos que puedan estar presentes en esos productos y colocar las sanciones que corresponda”, afirmó.
También denunció que personas ‘inescrupulosas’ se han hecho pasar por funcionarios del CNE y se comunican con los medios de comunicación para informarles que han “concurrido en alguna falta y en consecuencia le corresponde alguna sanción».
“Quiero reiterarles que el CNE actúa de manera oficial y los medios tienen el derecho para el pleno ejercicio de descargos para la defensa”, explicó.
Finalmente, denunció que existe evidencia de la utilización en diferentes medios de campaña que “pretenden promover la violencia y el desconocer las instituciones del Estado”, por lo que el CNE ha establecido la apertura de una investigación administrativa, “y se ha ordenado el envió a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”.