El pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer una versión pública de los interrogatorios que recientemente realizó a 20 militares como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Por considerar que se trata de una violación grave de derechos humanos es inoperante la causal de reserva invocada por la dependencia argumentando de que se trata de una investigación en curso.
De igual forma, el INAI ordenó a la misma PGR difundir las versiones públicas de las “investigaciones sobre las desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros 3 de la misma normal en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Al argumentar el sentido de las dos resoluciones que presentó, la comisionada Areli Cano argumentó que el tratamiento como caso grave de violación de derechos humanos ya ha sido sostenido por el propio INAI y sustentada en la trascendencia nacional e internacional que ha tenido la desaparición de los normalistas. Subrayó que la legislación establece que no podrá invocarse la causal de reserva tratándose de casos graves.
Citó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos creó una oficina específica para dar seguimiento al caso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un comité de expertos internacionales para darle seguimiento a las indagatorias y el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aludido al tema, lo que refleja el impacto social de estos hechos.
Por ello, Cano consideró improcedente el argumento de la PGR en el sentido de que no está plenamente acreditado y destacó la importancia de dar a conocer información sobre este tipo de casos a efecto de que la sociedad tenga un seguimiento puntual de la actuación de sus autoridades, pues esta comprobado que 48 policías de Iguala y 16 de Cocula, están detenidos por estar involucrados en los hechos.
La comisionada enfatizó de que se trata de una versión pública de la declaración de los militares y de la averiguación previa. En ambos supuestos, dijo, se eliminará información confidencial de los inculpados, víctimas y testigos, así como los nombres de los Ministerios Públicos y personal de la dependencia con funciones operativas, pero “no podrá omitirse nombres de los que presuntamente participaron en los hechos.”
En su oportunidad, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente destacó que existen elementos cuantitativos y cualitativos en la valoración del caso Ayotzinapa como violación grave de derechos humanos para que se acredite la inoperancia de la causal de reserva.
Para el comisionado, Joel Salas dijo que la PGR no puede invocar la causal de reserva aludiendo a que no han sido comprobados los delitos y que realiza investigaciones de hechos como secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de fuego, como parte de una indagatoria sobre delitos contra la salud.
Recordó que los expertos de la CIDH han cuestionado recientemente la fragmentación de las causas relacionadas con la desaparición de los jóvenes en 6 juzgados recomendando la unificación para tener una visión integral del caso.