El presidente de Ecuador, Rafael Correa asumirá formalmente el poder el próximo 24 de mayo ante el Congreso de su país y durante un acto de “posesión popular”, tras ser reelecto para el período 2013-2017 en las elecciones celebradas el pasado febrero.
La ceremonia de juramentación de como Presidente constitucional contará con la asistencia de sus homólogos de Honduras, Porfirio Lobo; y de Costa Rica, Laura Chinchilla. Correa precisó que ofrecerá un almuerzo para los presidentes y autoridades que visitarán el país para el evento en el palacio presidencial de Carondelet (Quito).
El mandatario indicó este sábado que luego del encuentro formal con autoridades y mandatarios regionales “habrá una posesión popular en el Parque Bicentenario”. Un acto convocado por los simpatizantes del Presidente.
Señaló que al día siguiente de su posesión, estará presente en un evento público en el puerto de Guayaquil (suroeste) que contará con la animación del cantante argentino Rafael Córtez.
El jefe de Estado ecuatoriano obtuvo la reelección el pasado 17 de febrero en una sola vuelta, tras obtener el 57,1% de los votos válidos.
POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA Y CRÍTICA A LOS MEDIOS
El presidente de Ecuador, durante su informe semanal de labores, advirtió este sábado que mantendrá una política de “cero tolerancia” ante los asentamientos ilegales.“Hemos dicho una y otra vez que no aceptaremos las invasiones y que nuevas serán desalojadas”, sentenció.
También hizo alusión al desalojo de 430 viviendas en Guayaquil. El operativo fue supervisado por más de mil policías y 500 militares. Precisó que “no hubo violencia, aunque los desalojados tiraron piedras a la policía”.
Criticó la postura de la prensa nacional en la cobertura de los sucesos, al defender los intereses de los moradores irregulares y recordó que en el 2010 su Gobierno emitió un decreto que prohíbe los asentamientos ilegales en todo el país.
De la misma manera, rechazó las declaraciones de María Josefa Coronel -abogada presentadora del canal Teleamazonas- en la cuales sostuvo que la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el equilibrio: los funcionarios públicos están obligados legalmente a soportar el exceso de prensa”.
El presidente repudió estas afirmaciones y manifestó que algunos periodistas “quieren tener patente de corso para insultar, acorralar a las autoridades, y ellos ser los que manden como siempre lo han hecho”.
Finalizó afirmando que no existe ningún mandato legal que permita estas acciones y que la única intención de estos argumentos es que “pretenden hacernos creer que esto es democracia, eso es atentar contra todos los derechos humanos”.