Andrés Bello, con sus ideas creativas, dio lugar al nacimiento del Derecho Internacional Americano. Lo hizo para resguardar los intereses de las nuevas repúblicas recién escapadas de la dominación imperial española, y para regular nuestras propias relaciones como países libres y soberanos. El Derecho de Gentes era sólo aplicado en los países de una región del mundo autocalificada de civilizada y que miraba con desdén al resto del planeta, casi todo bajo su dominio colonialista.
Los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y científicos que se están dando en el mundo de nuestros días nos obligan a una revisión del actual Derecho Internacional, para luego redactar un nuevo orden jurídico que regule las relaciones entre países, asunto que el autor de este modesto artículo ha planteado en diferentes escritos.
El Derecho Internacional moderno no fue creado dentro de un concierto democrático de países, sino bajo la presión de los poderosos sobre los débiles, con muy bien velados y premeditados beneficios políticos, económicos, comerciales, científicos, tecnológicos, militares y culturales para los primeros.
Los países pobres o de escaso desarrollo fueron y siguen siendo instrumento de los imperios en el cumplimiento de dichos objetivos imperiales, nunca estuvieron y aún no están en condiciones de disfrutar en pie de igualdad de los derechos comunes establecidos en tales acuerdos.
¿Qué posibilidad tiene un país pobre como Haití de disfrutar de la libertad de explotación de los recursos naturales existentes en alta mar, del espectro radioeléctrico, del espacio aéreo o de la no proliferación de armas nucleares, registradas en estos documentos o convenciones internacionales? Ninguna; no cuenta con recursos financieros ni tecnología avanzada. Sólo los países poderosos pueden disfrutar a su antojo de este beneficio, soportado como una patente de corso a favor de los imperios, por los países de escaso o ningún desarrollo.
Urgente y justo es, entonces, proceder a la revisión del actual Derecho Internacional para redactar y aprobar uno nuevo, dentro del contexto de una auténtica democracia mundial, no bajo la presión de lo que muy inteligentemente Andrés Bello llamó “aristocracia de países”, como la conformada en nuestro tiempo por los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amos y señores del planeta.
En consecuencia, las reformas estructurales de la ONU, si se hacen, no surtirán mucho efecto sin un cambio a fondo del orden jurídico internacional.