La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha acusado a los «golpistas» ─entre los que destaca al vicepresidente Michel Temer─ de querer acabar con los programas sociales de su Gobierno y ha tachado el proceso de juicio político que busca su destitución de «estafa».
La mandataria ha publicado un vídeo en medio del debate iniciado en la Cámara de Diputados del país sobre la pertinencia de celebrar un impeachment en su contra. En la grabación, Rousseff llama «traidores de la democracia» a quienes defienden el juicio político en el Congreso y ha dicho que siempre tendrán «grabado en su frente la palabra golpistas». El mensaje iba a ser emitido en la cadena nacional, pero tras las críticas de la oposición ante este eventual uso partidista de los recursos públicos ha sido publicado sólo en las redes sociales.
En este sentido, Rousseff ha hecho hincapié en que el vicepresidente Michel Temer, que pretende asumir la Presidencia del país si prospera el juicio político Dilma, busca «revocar los derechos» adquiridos por los brasileños durante su Gobierno y «cortar los programas sociales». «Los líderes del golpe han dicho que si pueden usurpar el poder será necesario imponer sacrificios a la población (…). Ellos están dispuestos a violar la democracia y romper la Constitución, difundiendo la intolerancia, el odio y la violencia entre nosotros», ha apostillado.
Rousseff ha insistido en que el proceso de juicio político es una «estafa» y añade que en el caso de que llegue al Senado será «el mayor fraude de ley y la historia política del país». La presidenta ha advertido de que ningún gobierno federal va a ser legítimo «si no nace del voto popular». «Un golpe de Estado podría llevar al país a un proceso doloroso de inestabilidad e inseguridad», ha sentenciado la presidenta brasileña.
CAMBIO DE VOTOS PARA EL DOMINGO
La Cámara de Diputados abrió el viernes un maratón de debates que se prolongará hasta la votación clave del domingo, cuando se decidirá si el proceso con miras a la destitución de Rousseff avanza al Senado. Al mismo tiempo, el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, se convertía en un centro de peregrinación de diputados y gobernadores para medir las fuerzas de cara a la votación. Los detractores de la presidenta, acusada de un delito fiscal que no ha podido ser probado, necesitan dos tercios del arco parlamentario, 342 de los 513 diputados, para avanzar su proceso.
Los aliados del Gobierno afirman que ha sido posible cambiar cerca de dos decenas de votos, lo que aproximaría la cifra de rechazo a la impugnación a entre 190 y 200 votos. «Superamos los 172 votos que necesitamos y aún tenemos un grupo para trabajar de 36. Estamos por encima del margen de error», ha asegurado Sílvio Costa, del Partido Laborista de Brasil, quien dice que ha mostrado a la presidenta cuántos votos están garantizados Estado por Estado.
Durante el viernes, Rousseff recibió a los gobernadores de Maranhão, Ceará, Bahia, Amapá, Paraíba y Piauí y a parte de las bancadas de Bahia y Ceará, además de diversos grupos de diputados. Entre los asistentes han estado el líder del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la Cámara baja, Leonardo Picciani, y los ministros del conglomerado Kátia Abreu, de Agricultura; Celso Pansera, de Ciencia y Tecnología; y Marcelo Castro, de Salud.
El mayor cambio de parecer en los votos se habría dado en el Partido Progresista, que esta semana decidió abandonar el Gobierno e interrumpir las negociaciones para ocupar cargos que antes pertenecían al PMDB. El vicepresidente de la Cámara baja, Waldir Maranhão, ha indicado a la mandataria que votaría contra el juicio político junto a otros 11 legisladores del partido. Según un parlamentario que participó en los encuentros con la presidenta, está creciendo una sensación «favorable». El Partido Social Democrático, por ejemplo, que también declaró que abandonaría el Gobierno y apoyaría el juicio político, entregaría cerca de 12 votos a Rousseff, según el parlamentario.