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Por Pablo Fernández B

Verdad, justicia, reparación (Opinión)

21 febrero 2016 | Haga un comentario

“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” Quien sentenció esto no fue la Directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ni los numerosos comités de víctimas de la violencia opositora que han surgido en Venezuela. Quien lo dijo en 1985 fueron los miembros de la tan mentada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que defienden a capa y espada sus adláteres criollos.

En Venezuela se repite hoy lo que ha representado una constante histórica (particularmente de la segunda mitad del siglo XX) en la región, cuando de hacer justicia ante evidentes vulneraciones a la dignidad humana se trata.

Los responsables de graves violaciones a los DDHH, así como sectores políticos interesados que defienden a los promotores de ésta, intentan imponer hoy por vía legislativa una “reconciliación express” de la sociedad venezolana.

A quienes promueven esa ley de amnistía (amnesia, diría yo) no les interesa para nada saber la verdad de los hechos y mucho menos garantizar que se haga justicia. El temor a escarbar y remover ese pasado reciente los desestabiliza y por ello ven en una posible Comisión de la Verdad (como la que propuso el propio presidente Nicolás Maduro) una amenaza latente.

Los familiares y amigos de las víctimas, grupos de derechos humanos no parcializados hacia la oposición, y diversos sectores de la sociedad reclaman la aplicación de la justicia como paso previo innegociable a la reconciliación nacional.

Como decía el reconocido luchador social uruguayo Luis Pérez Aguirre: “Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quién y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La reconciliación tiene esas mínimas y básicas condiciones.”

El derecho a la verdad, que exigen las víctimas de la violencia criminal opositora ocurrida en los últimos años en Venezuela, no solo tiene fundamentos doctrinarios y jurídicos, sino que constituye un deber ético hacia esas víctimas, los familiares y deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, afirmar la democracia, fortalecer la confianza en las instituciones públicas y evitar que los crímenes se repitan.

pabloefb@yahoo.com

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