El vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, indicó este jueves que los ministros del Área Económica no asistieron a la Asamblea Nacional (AN) por razones de Estado.
Aclaró que el decreto de Emergencia Económica debe ser discutido y analizado por la AN y el Tribunal Supremo de Justicia, motivo por el cual, los ministros brindarían, de primera mano, información directa, pero esta situación quiso ser considerada una interpelación pública.
“Requería de la presencia de los ministros y nosotros aceptamos, basados en el principio de colaboración de los Poderes, pero de buena fe, sin dañar al país, sin interferir en el esfuerzo que se está haciendo por unir a las fuerzas productivas del país”, expresó.
Desde el Palacio de Miraflores, el funcionario explicó que los parlamentarios opositores saben que hay “materias que no pueden ser dilucidadas públicamente, que son materias de Estado ”, debido a la seriedad que ameritan.
Istúriz calificó como un “show mediático” la forma como han asumido los diputados opositores esta presentación, ya que la misma solo sería para explicar los objetivos del decreto de Emergencia Económica.
“Llamé al presidente de la AN (Henry Ramos Allup), él no accedió sino a hacer una interpelación pública, transmitida durante todas las preguntas y no hay garantías, sino un show montado, al que le quieren sacarle provecho”, aseguró.
Para finalizar, Istúriz invitó a los diputados de oposición a una reunión este viernes a partir de la 1:00 pm en la sede de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela para conversar este tema “de manera franca”.
El pasado miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia, afirmó la constitucionalidad del Decreto N° 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.
La Sala Constitucional constató que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional, reseña una nota del TSJ.