La postulación de ciudadanos procesados penalmente y prófugos de la justicia venezolana a cargos de elección popular es un intento de fraude a la ley, ya que se intenta eludir el proceso judicial por lo que “no se deben aceptar candidaturas en esos términos”, declaró Humberto Castillo, rector del Consejo Nacional Electoral, CNE.
El Rector apuntó que este planteamiento está contemplado en el artículo 35 del Reglamento del CNE, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Nacional, que establece que aquellas personas que han sido condenadas por un tribunal no podrán postularse a cargos de representación popular durante el tiempo que dure su condena.
Estos argumentos los ofreció a la televisora del Estado, Venezolana de Televisión y agregó que existen casos precedentes en los que algunos procesados intentaron postularse a cargos públicos; sin embargo, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, determinaron fraude a la ley, por lo que se ordenó retirar las candidaturas.
Recientemente se aplicó esta sentencia a personajes como Eduardo Lapi, que en el año 2008 se postuló a la gobernación del estado Yaracuy, tratando de eludir un mandato judicial de procesamiento, “en consecuencia, se consideró que eso era un intento de fraude a la ley, sentencia que obligó al CNE a retirar la postulación», apuntó.
En este sentido el rector del CNE considera que “cualquier pretensión de esta naturaleza en la actualidad es un intento de eludir la ley, pues se está intentando desacatar el artículo 31 de la Constitución Nacional que establece que toda persona debe acatar los dictámenes dictados de los órganos del poder público”.
Estas declaraciones se producen en vista de la posibilidad que asoman algunos ciudadanos procesados penalmente y prófugos de la justicia venezolana a cargos de elección popular.