Si algo ha caracterizado a la Revolución Bolivariana durante todos estos años es el irreductible e irrenunciable respeto a los derechos fundamentales de las venezolanas y los venezolanos, así como de los naturalizados y quienes vienen a visitar nuestra Patria.
Tomando en cuenta eso, cualquier acción que el Ejecutivo Nacional o el Estado tomen en consideración y acción para frenar flagelos no solo debe contar con nuestra aceptación, sino con nuestro respaldo absoluto.
Así como en el campo económico se le ha exigido al Gobierno Nacional medidas ejemplarizantes para quienes con sus maniobras pretenden poner de rodillas a Venezuela, para beneficio de enemigos eternos y en pro de demoler la Revolución, en materia de seguridad esto se vuelve imprescindible.
En el momento actual tan importante se ha vuelto para el país todo el esfuerzo que viene acometiendo el Gobierno para dar alimentación a precios justos, accesibles, a todo el pueblo, al igual que acciones conjuntas para frenar la inseguridad cuyas consecuencias son terribles para todas y todos.
La acción conjunta de los cuerpos de seguridad del Estado en Maracay, capital del estado Aragua, debe servir de precedente de una política que peine el territorio nacional, en primer lugar, y como parte de una acción superior, de la cual el debate y la acción son necesarias.
El Sistema de Administración de Justicia, debe hacer una revisión profunda del efecto de algunas políticas que, en principio pueden ser muy positivas, pero que en el mediano plazo pueden generar efectos contrarios a los objetivos que se plantearon.
Con ocasión de los sucesos de La Planta afirmábamos en su momento que no se puede confundir las políticas de humanización y reinserción con acciones de tolerancia a los delincuentes, dentro o fuera de las cárceles, y que las mismas no pueden ser sitios de hospedaje y entretenimiento, sino de trabajo, educación, clasificación de privados de libertad y supresión de mafias que se benefician de su mal funcionamiento.
De paso, sumada a la inseguridad, tenemos el paramilitarismo como factor que ha entrado en juego para cumplir el anhelo estadounidense de migrar el Plan Colombia a Venezuela. Cuestión que le pone un aditivo más a un asunto que reclama el respaldo a las acciones que acometa el Estado.
Finalmente debe quedar claro que todo esto debe hacerse en estricto apego a la Constitución Nacional y con la supervisión necesaria. Ni la tolerancia e impunidad absoluta ni la represión violatoria son la ruta correcta, es simple: hacer justicia para bienestar del pueblo.