El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, afirmó este martes que la corrupción administrativa debe tener “el castigo severo” de la ley.
En su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Magistrado expresó que no se podía, “seguir permitiendo que los enemigos de la patria sean los que se enrriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países, utilizando la bandera de la libertad”.
“Creo que es pertinente revisar las penas en delitos de corrupción y generar un sistema de anticorrupción, manejado por el Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), para hacerse de los bienes provenientes de la corrupción administrativa”, propuso Moreno.
Destacó que el TSJ ponía sus recursos humanos especializados en materia legal a la orden para coadyudar a la ANC en detectar el problema estructural de la impunidad, la seguridad ciudadana y el efectivo ejercicio de justicia en el país.
“No se puede seguir permitiendo que las instituciones estén a la orden de intereses oscuros y que el sistema de justicia se vea socavado”, acotó.
REVOLUCIÓN EN EL APARATO JUDICIAL
Señaló que era importante revolucionar el aparato judicial. “Necesitamos pasar a un nivel óptimo, estar a la par de las grandes innovaciones en el tema de la justicia digital. Debemos aplicar tecnologías de punta para que la justicia este a la mano de todos y acabar con la tragedia, que ha significado la mercantilización de la justicia, las mafias judiciales y la corrupción judicial, que solo podemos eliminar si erradicamos los actos que la generan”, explicó y agregó, “en ese aspecto juega un papel muy importante la tecnología”.
También propuso una revisión exhaustiva de la legislación penal. “No es posible que la ley se ponga del lado de los ricos y rechace a los pobres, que la estigmatización se convierta en un delito. Ya hemos visto con preocupación como el estigma ha generado tragedias y dolor”, indicó al referirse a los delitos de odio que ocurrieron en los más de tres meses de violencia promovida por los sectores violentos de la oposición.
“El delito de odio o de intolerancia ciudadana debe estar comprendido dentro de la tipificación penal”, apuntó.
Además consideró que las penas de los delitos graves, “no corresponden a la magnitud de los daños causados”, como en los casos de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo, o robo, en cualquiera de sus modalidades.
“En mi humilde opinión debe cumplir más de 50 años de pena (por este tipo de delitos). Se requiere que se revise el tope constitucional de 30 años en nuestra Constitución”, afirmó el magistrado Moreno.
Declaró que se debía revisar la efectividad de la ley, así como la revisión de los sistemas de investigación penal.
Y, para finalizar, expresó que era, “necesaria la revisión exhaustiva de los cuerpos policiales. Propongo una autoridad única y especial de inspección policial para revisar a todos y cada uno de los integrantes de los cuerpos policiales”, concluyó.