El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió este viernes con la delegación jurídica que representará al país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde se analizará la demanda marítima contra Chile por acceso al mar.
«Estamos confiados en la gestión de nuestros representantes en La Haya. Están bien preparados. Es una delegación reducida que representará al país como genuina expresión de la unidad del pueblo boliviano», destacó Morales en conferencia de prensa realizada en la sede del gobierno.
El mandatario resaltó que Bolivia quiere llegar a una solución pacífica y que su demanda está fundamentada en alegatos profundos, sostenidos en hechos históricos.
«Bolivia tiene sus razones para exigir la salida al Pacífico, pero lo hacemos respetando los derechos internacionales. Nuestro objetivo es que se haga justicia y los bolivianos y bolivianas puedan tener el derecho soberano de disfrutar del litoral», remarcó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales reconoció que la responsabilidad que tendrán allí los abogados, excancilleres y expresidentes que componen la delegación es importante, reiteró su confianza y les deseó suerte para encarar el reto.
La comitiva boliviana en La Haya estará compuesta por el canciller David Choqueuanca, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, el agente en la CIJ, Eduardo Rodríguez, el procurador del Estado Héctor Arce; el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón y el portavoz de la demanda marítima, Carlos Mesa.
Precisamente, el exjefe de Estado Carlos Mesa (2003-2005), exhortó a ambas delegaciones a respetar los resultados sin temor, expresó que la demanda boliviana no tiene nada que ver con el tratado de 1904, y reiteró que la misma es política de Estado.
El cronograma establecido por el Tribunal de La Haya indica que Chile presentará sus alegatos el 4 y 7 de mayo próximo, mientras Bolivia lo hará el 6 y 8 del mismo mes.
La CIJ determinará si la demanda marítima boliviana es de su jurisdicción, tras ser objetada por el Gobierno chileno en 2014.
Un año antes Bolivia presentó la demanda marítima ante esa instancia jurídica con el objetivo de que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar en cumplimiento de ofertas de solución hechas a lo largo de la historia.