El presidente mexicano Felipe Calderón promulgó este martes una ley contra el lavado de dinero, que calificó de indispensable para combatir la industria del crimen.
El mandatario expresó que desde el inicio de su gobierno se tomó la firme decisión de enfrentar a las organizaciones delictivas, las cuales se habían convertido en la principal amenaza para la tranquilidad de las familias mexicanas.
Sin embargo, añadió, la lucha por un México seguro requería de dotar de más herramientas al Estado para golpear la capacidad financiera de la delincuencia.
Con la nueva legislación, dijo, se podrá atacar justo al corazón de la criminalidad: el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, intimidar a los ciudadanos y expandir sus actividades ilícitas.
Explicó que la ley prevé diversas regulaciones a operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero, con lo cual se impedirá que los grupos de malhechores usen su capital sucio y acumulen fortunas lícitas.
Asimismo se establecen nuevas obligaciones a las entidades financieras, como bancos y casas de cambio, que deberán establecer medidas para prevenir y detectar operaciones sospechosas de este delito.
De igual manera, refirió, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo ilícito de dinero.
Se creará, además, una Unidad Especializada en Análisis Financiero, dedicada a la investigación de operaciones relacionadas con recursos de procedencia turbia.
Esa entidad, comentó, dependerá de la Procuraduría General de la República y sus funcionarios serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su profesionalismo y probidad.
Con la naciente resolución, afirmó, se da respuesta al justificado reclamo social de golpear a los criminales donde más le afecta y más les interesa, que son sus finanzas.
En la ceremonia de promulgación, celebrada en la Residencia Oficial, también estaban presentes los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré, y de Hacienda, José Antonio Meade; así como diversos diputados y senadores.