Los presidentes de México, Honduras, Costa Rica y Guatemala, así como el primer ministro de Belice pidieron a la OEA un análisis completo de las implicaciones sociales, políticas y de salud que traería para sus países la legalización del consumo, producción y distribución de la marihuana.
Acompañado de los mandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, el primer ministro de Belice, Dean Barrow, Calderón pidió, a nombre del grupo, a los organismos internacionales revisar la situación del crimen organizado internacional, en específico el tráfico de drogas en una declaratoria conjunta emitida desde la Ciudad de México.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina expresó que no pudo asistir a esa minicumbre por la emergencia que vive su país tras el sismo del pasado 7 de noviembre.
Los mandatarios pidieron a los países consumidores a explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, controlar el mercado de la droga sobre la base de estudios científicos, así como adoptar medidas específicas para controlar el tráfico de armas de fuego.
El pasado 6 de noviembre los estados de Colorado y Washington aprobaron el consumo y venta de marihuana para uso recreativo, lo cual recibió la protesta de entidades especializadas de la ONU, las que señalaron que se estaban violando acuerdos internacionales y de la misma Naciones Unidas. En Massachusetts se aprobó su legalización con fines medicinales.
Otros 17 estados, además del Distrito de Columbia, ya tienen leyes sobre el uso de la marihuana con fines medicinales.
Calderón calificó a estas acciones como un cambio paradigmático por parte de tales entidades, respecto del régimen internacional vigente.
El grupo de mandatarios definió a la delincuencia organizada como la más grande amenaza para la región, debido a la violencia que genera, los problemas de salud, el efecto en el crecimiento económico, el desarrollo y la convivencia de las naciones.