El extitular de Telecomunicaciones de la India, Andimuthu Raja, principal encartado en un juicio por asignación fraudulenta de licencias de telefonía móvil en 2008, afirmó este viernes que el primer ministro Manmohan Singh conocía del asunto.
«Lo hice todo en consulta con el primer ministro», aseveró Raja, convicto de ese delito y a la espera de sentencia, luego que una denominada Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) eximiera de culpas al jefe de gobierno y al actual ministro de Finanzas (en aquel entonces del Interior), P. Chidambaram.
«Voy a enviar una nota a la JPC. Espero que me llamen (a declarar sobre la presunta implicación de Singh en el fraude)», dijo Raja.
Una anterior solicitud del exministro para declarar ante la JPC fue rechazada por el panel, que deberá presentar sus conclusiones el 25 próximo.
La asignación fraudulenta de licencias de telefonía de segunda generación (2G) clasifica como uno de los mayores escándalos de corrupción en toda la historia de la India e involucra a conocidas figuras públicas.
Los magros ingresos resultantes de las adjudicaciones -unos 350 millones de dólares- hicieron sospechar que algo turbio había en el asunto. En contraste, ese año las licencias 3G dejaron dividendos por 14 mil 500 millones de dólares.
Según estimaciones de la Auditoría General, las pérdidas causadas al erario rondaron los 40 mil millones de dólares.
Desde hace un par de años, el gobierno está bajo el asedio de la oposición y de la sociedad civil en torno al tema de la corrupción, señalado como uno de los grandes frenos al desarrollo socioeconómico de la nación surasiática y una de sus peores lacras.
El último escándalo estalló el 17 de agosto del año pasado, cuando la Contraloría y Auditoría General (CAG) reveló la asignación de 194 bloques de carbón a 25 empresas privadas sin sacarlos a licitación y a precios irrisorios, con pérdidas para el erario por unos 37 mil millones de dólares.
En pesca de río revuelto, el Bharatiya Janata Party, principal fuerza de la oposición, exigió la renuncia de Singh porque, aunque la CAG no lo acusó directamente, la inmensa mayoría de las licencias se adjudicó de julio del 2004 a mayo del 2009, cuando él estaba al frente del Ministerio del Carbón.
Los partidos opositores y el activista social Anna Hazare a nombre de la sociedad civil están librando una intensa batalla porque el gobierno apruebe la creación de una oficina anticorrupción autónoma y con alcance sobre todas las instituciones y figuras públicas, incluido el primer ministro.