El sector público desde el punto de vista institucional está conformado por el gobierno general y las empresas públicas. El gobierno general, por su propia naturaleza es prestador de servicios sociales consumidos por la población y contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo, por lo tanto puede ser considerado parte del salario.
En la conducción del gobierno general deben participar en consecuencia tanto los trabajadores, como el pueblo, en tanto consumidores de los bienes de salud, educación, protección social, cultura, entre otros provistos, por ministerios y demás organismos públicos.
Las empresas públicas, de acuerdo a principios socialistas, son propiedad social, esto es una propiedad de todo el pueblo. Sin embargo, el vínculo jurídico de la propiedad social, donde el Estado en nombre de toda la sociedad ejerce el control sobre las mismas es insuficiente. Se requiere que esa propiedad se asuma como propia, lo cual implica información, conocimiento y control sobre la empresa pública.
El sentirla como propia significa que tengo y siento responsabilidad sobre la misma. Los trabajadores asalariados y gerentes de las empresas públicas, tienen una doble responsabilidad, porque además tienen que participar en su gestión, superando el sentido “corporativista” o sindicalista”, en el sentido de considerar a las empresas públicas, como algo que sólo le pertenece a ellos y no al colectivo social, más bien son responsables ante la nación toda por su buena marcha.
Los trabajadores, sus organizaciones sindicales, la gerencia y cuerpos directivos tienen la mayor responsabilidad en el tránsito de la empresa pública capitalista a empresa pública regida por principios socialistas.
Los trabajadores deben asumir la gestión y apropiarse de los distintos medios de producción, porque implican una relación social, información, conocimientos (tecnología, medios materiales, financiamiento). Los trabajadores como responsables de la conducción de la empresa son parte del poder popular-laboral nacional, y al mismo debe rendírsele cuentas.
Nuevas formas organizativas del trabajo y de sus mecanismos institucionales, tales como los sindicatos, la contratación colectiva, deben construirse, pues estos son propios del capitalismo.
Desaparecen las relaciones obrero-patronales, pues los trabajadores dejan de ser típicos trabajadores asalariados y se convierten en trabajadores autónomos, asociados en la gestión y en los procesos productivos, lo cual implica la desaparición de prebendas y privilegios, de las diferencias jerárquicas; así como la desaparición de transferencias de valor hacia otros sectores de la economía capitalista privada, y en caso de existir se requiere que sean compartidos con los trabajadores asalariados de las respectivas empresas.